Ciudad Juárez, Chihuahua.— Una nueva controversia política sacude a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), luego de que Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, denunciara un presunto intento de privatización parcial de dos plantas tratadoras de aguas residuales, mediante una concesión que podría comprometer hasta 8 mil 100 millones de pesos del organismo durante los próximos 15 años.
La denuncia coloca bajo cuestionamiento las decisiones de la dirigencia de la JMAS y de su Consejo de Administración, ante la posibilidad de autorizar un contrato que, según el dirigente morenista, comprometería casi el 15 por ciento del presupuesto anual del organismo operador, en Ciudad Juárez.
El señalamiento tiene una dimensión particularmente delicada: mientras miles de familias enfrentan deficiencias en el suministro de agua y existen sectores que requieren inversiones millonarias para ampliar las redes de distribución, la Junta estaría considerando destinar 45 millones de pesos mensuales al mantenimiento de solamente dos plantas tratadoras.
La pregunta que ahora enfrenta la administración de la JMAS es por qué pretende pagar 540 millones de pesos anuales por dos instalaciones, cuando anteriormente desembolsaba 396 millones por tres.
De acuerdo con Pérez Cuéllar, la Junta pagaba 33 millones de pesos mensuales por la operación y mantenimiento de tres plantas, bajo contratos establecidos años atrás. Sin embargo, tras el vencimiento de acuerdos anteriores y diversas gestiones administrativas, dos instalaciones regresaron al control del organismo público.
Pese a ello, denunció que ahora se pretende entregar nuevamente su mantenimiento a particulares mediante un contrato por 15 años, pero con un costo considerablemente superior.
La diferencia representa 144 millones de pesos adicionales cada año respecto al contrato anterior, aun cuando el número de plantas contempladas sería menor.
En términos sencillos, la propuesta denunciada significaría que la Junta desembolsara aproximadamente un millón y medio de pesos diarios durante tres lustros, recursos provenientes de un organismo que se sostiene principalmente con los pagos de los usuarios.
Una concesión más cara que la electricidad de toda la Junta
Para dimensionar el impacto financiero, Pérez Cuéllar comparó el monto de la eventual concesión con uno de los principales gastos operativos de la JMAS: el consumo de energía eléctrica.
Mientras el organismo destina aproximadamente entre 320 y 330 millones de pesos anuales al suministro eléctrico necesario para operar pozos, sistemas de bombeo e infraestructura hidráulica, el mantenimiento de las dos plantas representaría 540 millones de pesos cada año.
La comparación encuentra respaldo en antecedentes periodísticos. En junio de 2026, El Diario de Juárez documentó que la JMAS destinaba hasta 27.5 millones de pesos mensuales a energía eléctrica, equivalente a 330 millones anuales.
De concretarse la propuesta en los términos denunciados, el mantenimiento de dos plantas costaría aproximadamente 210 millones de pesos más al año que la electricidad utilizada para mantener en funcionamiento una parte fundamental del sistema hidráulico de la ciudad.
De recuperar las plantas a comprometerlas nuevamente
La controversia adquiere mayor relevancia porque la recuperación del control de las plantas tratadoras había sido presentada anteriormente como una oportunidad para mejorar la administración del servicio.
En octubre de 2023, Norte Digital documentó que la entonces dirigencia de la JMAS buscaba recuperar la posesión de instalaciones operadas por una empresa privada, después de detectar deficiencias en la prestación del servicio.
Ahora, la posibilidad de establecer una nueva contratación de largo plazo abre interrogantes sobre los beneficios económicos de recuperar instalaciones públicas si posteriormente se pretende comprometer nuevamente su operación mediante pagos millonarios.
¿Dónde está el ahorro para los juarenses? ¿Qué justifica el incremento del costo? ¿Qué beneficios adicionales recibiría la ciudad? ¿Quiénes serían los particulares beneficiados?
Son cuestionamientos que la dirigencia de la Junta y los integrantes de su Consejo de Administración deberán aclarar antes de tomar una decisión que podría trascender varias administraciones estatales.
La disputa política por el agua sube de tono
La denuncia tampoco ocurre en un escenario de tranquilidad política.
Durante los últimos meses, las diferencias entre Cruz Pérez Cuéllar y la dirigencia de la JMAS se han intensificado alrededor de las condiciones del servicio, las inversiones hidráulicas y las responsabilidades institucionales.
Incluso, el pasado 30 de octubre, la Junta respondió públicamente a los cuestionamientos del dirigente morenista sobre la atención de las inundaciones, defendiendo sus atribuciones y señalando que determinadas tareas de infraestructura pluvial corresponden al Gobierno Municipal.
Este nuevo episodio eleva la confrontación del terreno operativo al financiero.
Ya no se trata únicamente de establecer quién tiene la responsabilidad de atender una inundación o reparar una instalación hidráulica, sino de determinar si resulta conveniente comprometer miles de millones de pesos del organismo mediante una contratación que se prolongaría durante 15 años.
La polémica también coloca bajo escrutinio al director de la JMAS, Alberto Paredes, cuya administración deberá explicar la viabilidad técnica, financiera y jurídica de la propuesta denunciada, así como precisar su participación en el procedimiento.
El dinero que podría destinarse a colonias sin agua
Pérez Cuéllar advirtió que comprometer una proporción tan elevada del presupuesto podría limitar futuras inversiones destinadas a mejorar las condiciones del servicio.
Entre los proyectos que mencionó se encuentran la ampliación de la Línea Morada, el abastecimiento de agua potable en la zona conocida como Los Kilómetros y el aprovechamiento de los volúmenes de agua que recibe Ciudad Juárez mediante los acuerdos internacionales derivados de la Convención de 1906.
El problema de fondo, sostuvo, es que la Junta podría quedar financieramente condicionada durante tres lustros, reduciendo su margen de maniobra para atender necesidades futuras.
La advertencia cobra relevancia en una ciudad donde el crecimiento urbano, la expansión de fraccionamientos y la demanda industrial obligan a realizar inversiones constantes en infraestructura hidráulica.
Además, durante septiembre de 2026, la propia JMAS informó que sus plantas habían tratado más de 52 millones de metros cúbicos de aguas residuales entre enero y julio, lo que refleja la importancia estratégica del saneamiento y del aprovechamiento del agua tratada.
Pone Cruz Pérez Cuéllar bajo presión al Consejo de la JMAS
Ante este escenario, el coordinador de la Cuarta Transformación anunció que enviará una carta a los integrantes del Consejo de Administración para advertirles sobre las consecuencias económicas de aprobar la contratación.
La intención es que los consejeros conozcan el impacto presupuestal antes de emitir su voto y asuman públicamente la responsabilidad de su decisión.
El señalamiento representa también un desafío político para quienes administran el organismo, pues una eventual aprobación podría convertir la concesión en un nuevo frente de confrontación entre el dirigente morenista y las autoridades estatales.
Por ahora, los montos y las condiciones de la operación corresponden a la denuncia presentada por Pérez Cuéllar. No se ha acreditado con la documentación contractual que la concesión haya sido aprobada ni se ha establecido la identidad de una eventual empresa adjudicataria.
Tampoco se cuenta con una explicación técnica de la JMAS que permita determinar si la propuesta contempla inversiones, modernización de instalaciones, equipamiento u otras obligaciones adicionales que expliquen la diferencia de costos.
Sin embargo, la magnitud de los recursos denunciados obliga a exigir transparencia sobre el procedimiento.
La decisión que enfrenta el Consejo de Administración no es menor: definir si compromete una parte importante de los ingresos de la Junta durante 15 años o si existen alternativas menos costosas para garantizar el tratamiento de las aguas residuales.
En medio de una confrontación política que continúa escalando, queda una pregunta central para los juarenses: ¿se pretende resolver una necesidad técnica del organismo o comprometer sus finanzas mediante un contrato cuyos beneficios todavía no han sido explicados públicamente?
