Exsíndico reivindica a la Sindicatura como órgano fiscalizador y revive la discusión sobre el riesgo de convertirla en juez y parte si obtiene derecho a votar en las decisiones que posteriormente debe revisar
Ciudad Juárez.- La develación de la galería “Memoria de la Sindicatura”, encabezada por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel para reconocer a quienes han ocupado uno de los principales órganos de vigilancia del Ayuntamiento, terminó por abrir nuevamente un debate político sobre los límites que debe tener esta figura dentro del Cabildo.
Durante la ceremonia, el exsíndico Wilfrido Otto Guillermo Campbell Saavedra reivindicó el origen fiscalizador y procurador de la Sindicatura y puso sobre la mesa una posición que contrasta con la reforma promovida por la actual titular, Ana Carmen Estrada García, para que los síndicos de Chihuahua tengan no solamente voz, sino también voto en las resoluciones de los ayuntamientos.
Campbell Saavedra, quien fue síndico de Ciudad Juárez durante la administración municipal iniciada en 2004, recordó que la naturaleza del cargo consiste precisamente en revisar desde una posición independiente el ejercicio gubernamental, no únicamente desde la óptica financiera, sino también administrativa y jurídica.
Su planteamiento cobra relevancia ante la discusión que desde 2024 mantiene abierta el Ayuntamiento de Juárez para modificar el artículo 36 B del Código Municipal del Estado de Chihuahua y ampliar las facultades políticas de quienes encabezan las sindicaturas.
La propuesta promovida por Estrada García pretende que los 67 síndicos y síndicas del estado puedan participar con voto en las resoluciones de sus respectivos cabildos, bajo el argumento de que también son funcionarios electos directamente por la ciudadanía.
Sin embargo, desde que la iniciativa comenzó su análisis surgió una objeción de carácter político y jurídico: otorgarle voto al órgano encargado de revisar posteriormente los actos y decisiones del Ayuntamiento podría colocarlo en una doble condición, al participar primero en la aprobación de una determinación y después fiscalizar su ejecución.
Ese fue precisamente uno de los argumentos que históricamente, recordó Campbell Saavedra, motivaron la separación entre la función política del Cabildo y la tarea de vigilancia de la Sindicatura: evitar que quien fiscaliza termine siendo parte de las decisiones que posteriormente deberá revisar.
El exsíndico explicó que una verdadera fiscalización municipal no termina al comprobar que las cifras de una obra coincidan en documentos y facturas. Puso como ejemplo que financieramente puede aparecer correctamente contabilizada la compra de cemento, techos, acabados o materiales, mientras que una inspección administrativa puede revelar que físicamente lo construido no corresponde con lo contratado.
Ahí, sostuvo, radica el verdadero sentido de la Sindicatura como órgano procurador: cruzar la auditoría financiera, administrativa y jurídica para determinar no solamente si el dinero está registrado correctamente, sino si fue ejercido conforme al contrato, las normas técnicas, los procedimientos administrativos y el principio de legalidad.
Bajo esa concepción, la Sindicatura debe conservar capacidad suficiente para revisar al Gobierno Municipal desde una posición de contrapeso, identificar inconsistencias patrimoniales, verificar obra pública, analizar procedimientos y comprobar que cada acto de autoridad tenga sustento normativo.
La postura adquiere una dimensión adicional porque Campbell Saavedra fue electo síndico municipal en los comicios de 2004, cuando obtuvo 175 mil 384 votos, además de contar con una trayectoria académica y administrativa que incluye haber sido rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El debate surgió precisamente durante un acto en el que el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel buscó colocar a la Sindicatura como parte de la memoria institucional de Ciudad Juárez.
El presidente municipal encabezó la develación de la galería “Memoria de la Sindicatura”, mediante la cual fueron reconocidas las mujeres y hombres que han ocupado esa responsabilidad y participado en la construcción de los mecanismos de vigilancia sobre la administración pública municipal.
Ortiz Orpinel destacó que las instituciones no se construyen únicamente a partir de reglamentos, estructuras administrativas o edificios públicos, sino mediante las personas que han aportado conocimiento, experiencia y responsabilidad durante distintas administraciones.
Dentro de esa estructura, subrayó el carácter de la Sindicatura como contrapeso, mecanismo de rendición de cuentas y representación de la vigilancia ciudadana dentro del Ayuntamiento.
El alcalde reconoció además a Ana Carmen Estrada por impulsar la creación de la galería y consideró necesario preservar la memoria de quienes ejercieron anteriormente esa función, al señalar que la evolución administrativa de Ciudad Juárez también ha dependido de quienes han vigilado el destino de los recursos y las decisiones gubernamentales.
La iniciativa impulsada por Ana Carmen Estrada plantea modificar el artículo 36 B del Código Municipal para que la persona titular de la Sindicatura pueda participar no solamente con voz en las discusiones del Ayuntamiento, como establece actualmente el marco normativo, sino también con voto en las resoluciones.
El proyecto fue analizado por la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento y planteado para su eventual envío al Congreso del Estado, al tratarse de una modificación que tendría efectos sobre las sindicaturas de los 67 municipios de Chihuahua.
Estrada ha sostenido que quienes ocupan la Sindicatura llegan al cargo mediante voto popular y, por esa condición de representación ciudadana, deberían tener capacidad para pronunciarse mediante el sufragio en las decisiones del Cabildo.
Frente a esa visión aparece ahora nuevamente la posición defendida por Campbell Saavedra: fortalecer a la Sindicatura no necesariamente significa incorporarla a las votaciones políticas del Ayuntamiento, sino garantizarle independencia, capacidad técnica y herramientas suficientes para revisar las decisiones tomadas por quienes sí integran el órgano deliberativo.
Mientras una postura busca ampliar la participación del síndico dentro de la toma de decisiones del Cabildo, la otra privilegia la distancia institucional necesaria para que pueda ejercer posteriormente una fiscalización sin haber formado parte de aquello que está obligado a revisar.
Durante la ceremonia también participaron los exsíndicos Ramón Aguilar Álvarez, María Ester Mejía Cruz, Fernando Martínez Acosta, Leticia Ortega Máynez, Verónica Amaya Chaparro y Mireya Torres; mientras que Iván Almeida acudió en representación de Héctor Yáñez.
Ana Carmen Estrada señaló que la actual estructura de la dependencia es producto del trabajo realizado durante distintas administraciones, en las que se desarrollaron procedimientos, mecanismos de auditoría y facultades que dieron forma al modelo de fiscalización municipal.
La funcionaria destacó que la vigilancia de los recursos públicos implica revisar, prevenir irregularidades, formular observaciones y contribuir al mejor funcionamiento institucional, particularmente porque el patrimonio municipal representa recursos provenientes de los ciudadanos.
Pero el acto también dejó abierta una discusión de mayor profundidad: si el futuro de la Sindicatura debe pasar por aumentar su poder político dentro del Cabildo o por preservar y fortalecer su independencia como órgano encargado de vigilar precisamente a quienes toman esas decisiones.
