Ciudad Juárez, Chih. 21 junio 2026– El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa desconoce la normativa, las atribuciones y el funcionamiento del modelo de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, acusó el exregidor Enrique Torres Valadez, quien rechazó que su inhabilitación por un año sea definitiva y anunció que combatirá la resolución mediante una apelación y, de ser necesario, con un juicio de amparo.
En tono firme, el exintegrante del Ayuntamiento sostuvo que la sentencia emitida contra cuatro exregidores de la administración de Armando Cabada carece de fundamentación, motivación y un análisis individual de las responsabilidades, al imponer la misma sanción a funcionarios que, aseguró, desempeñaban atribuciones distintas dentro de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios.
Torres Valadez cuestionó directamente el criterio de la Sala Cuarta Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, al señalar que el órgano jurisdiccional no puede dictar una sanción de esa magnitud sin precisar qué obras fueron presuntamente autorizadas, cuál fue la intervención concreta de cada exregidor y de qué manera se habría ocasionado un daño a la administración municipal.
“Lo que veo es un total desconocimiento de la materia por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en cuanto al Desarrollo Urbano y al modelo del Plan de Desarrollo Urbano de Juárez”, expresó el exedil al fijar su postura sobre la resolución.
El exregidor afirmó que, contrario a lo difundido, la inhabilitación todavía no se encuentra firme, debido a que la sentencia corresponde únicamente a una primera instancia y puede ser revisada por el pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Explicó que su equipo jurídico prepara una apelación para controvertir la resolución. En caso de que el pleno confirmara la sanción, agregó, todavía quedaría abierta la posibilidad de recurrir al juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
Por ese motivo, consideró anticipado presentar la sanción como un hecho consumado o asegurar que los cuatro exfuncionarios ya se encuentran legalmente inhabilitados.
“Todavía no hay una inhabilitación como tal. Es apenas una sentencia de primera instancia; queda pendiente lo que determine el pleno del tribunal a través de la apelación que se presentará en su momento”, señaló.
Torres Valadez aseguró que uno de los principales problemas de la sentencia es que no establece de manera clara cuáles fueron las supuestas obras autorizadas irregularmente por la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios.
Expuso que dicha comisión no tenía facultades para autorizar ni ejecutar obras, pues su función consistía en analizar y aprobar proyectos de dictamen que posteriormente debían ser sometidos a consideración del Ayuntamiento en pleno.
De acuerdo con su explicación, la decisión final no dependía exclusivamente de los integrantes de la comisión, sino del Cabildo, mientras que la ejecución material y administrativa correspondía al Ejecutivo municipal y a las dependencias competentes.
En ese sentido, acusó que la resolución confunde la aprobación preliminar de un dictamen con la autorización definitiva de una obra, lo que, desde su perspectiva, revela un desconocimiento del procedimiento municipal en materia de planeación y desarrollo urbano.
“La comisión no autoriza la realización de obras; únicamente aprueba un dictamen que debe ser presentado por su coordinador ante el Ayuntamiento. Las obras son autorizadas por el Cabildo y ejecutadas por el Ejecutivo”, puntualizó.
El exregidor también cuestionó que el tribunal haya impuesto una sanción de un año de inhabilitación a los cuatro exediles sin diferenciar las funciones y el nivel de participación que cada uno tuvo dentro de la comisión.
Indicó que la individualización de la sanción era indispensable, debido a que los integrantes del órgano edilicio no contaban necesariamente con las mismas atribuciones ni realizaban las mismas actuaciones durante la revisión de los dictámenes.
Sin embargo, afirmó, la sentencia aplicó una penalidad general sin explicar por qué cada uno de los exfuncionarios merecía la sanción máxima contemplada para la conducta señalada.
Torres Valadez sostuvo que una autoridad resolutora no puede limitarse a reproducir los argumentos del denunciante o del órgano investigador, sino que debe realizar un estudio autónomo, exhaustivo y sustentado en pruebas.
Afirmó que la resolución menciona una presunta violación de artículos legales, pero no explica cómo fueron transgredidos, cuál fue la conducta específica atribuida a cada persona ni a cuánto ascendería el supuesto daño ocasionado.
“No dice qué se violó, cómo se violó, cuál fue el daño causado o cuál fue la participación concreta de cada regidor. Únicamente reproduce lo señalado por el denunciante y el órgano investigador”, reclamó.
La Sala Cuarta Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas resolvió imponer una inhabilitación de un año a cuatro exregidores que formaron parte de la administración municipal encabezada por el exalcalde Armando Cabada.
Los exediles señalados son Enrique Torres Valadez, Alfredo Seáñez Nájera, Carlos Ponce Torres y José Guadalupe Ávila Cuc, quienes integraban la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios.
El procedimiento está relacionado con la aprobación, durante 2018, de dictámenes de Transferencia de Potencial Urbano. La autoridad consideró que esas actuaciones habrían derivado en responsabilidades administrativas vinculadas con un presunto manejo irregular o afectación de recursos públicos.
No obstante, Torres Valadez rechazó que la comisión hubiera tenido facultades para disponer directamente de recursos o para ordenar la ejecución de obras, por lo que exigió que el pleno del tribunal revise a fondo las competencias de cada órgano municipal involucrado.
La Transferencia de Potencial Urbano es un mecanismo de planeación que permite trasladar derechos de desarrollo o capacidad de construcción entre diferentes zonas o predios, de acuerdo con las disposiciones y objetivos establecidos en los instrumentos de desarrollo urbano.
Su aplicación requiere dictámenes técnicos, revisión normativa y la intervención de distintas instancias municipales. Por esa razón, Torres Valadez afirmó que el tribunal debió analizar el procedimiento completo y no limitarse a atribuir la responsabilidad a los integrantes de una comisión edilicia.
Advirtió que sancionar a regidores por decisiones que corresponden al Ayuntamiento en su conjunto podría generar un precedente que afecte el funcionamiento de las comisiones, debido a que sus integrantes participan en la elaboración y aprobación de dictámenes que posteriormente son discutidos y votados por el Cabildo.
El exfuncionario insistió en que el tribunal no estudió a profundidad las reglas del desarrollo urbano de Ciudad Juárez ni delimitó las atribuciones de la comisión, del Ayuntamiento y del Ejecutivo municipal.
Otro de los puntos cuestionados por Torres Valadez fue la aplicación de la sanción máxima de un año, cuando el rango establecido, según explicó, va de tres meses a un año de inhabilitación.
Consideró contradictorio que la resolución indique que no pretende aplicar un castigo excesivo, pero al mismo tiempo imponga la penalidad más alta sin justificar de manera individual las circunstancias, responsabilidades o beneficios presuntamente obtenidos por cada exregidor.
Afirmó que una sanción administrativa no puede utilizarse únicamente para enviar un mensaje político o institucional ni para “sentar un precedente”, sino que debe corresponder a una conducta plenamente acreditada.
“Si se cometió una falta, que se castigue; pero primero tiene que demostrarse que existió, quién la cometió, cómo participó y cuál fue el daño. No se puede aplicar una sanción máxima de forma genérica”, manifestó.
La defensa de Torres Valadez centrará la apelación en la falta de exhaustividad de la sentencia, la presunta ausencia de fundamentación y motivación, la incorrecta individualización de las responsabilidades y el supuesto desconocimiento de las atribuciones municipales en materia de desarrollo urbano.
El recurso buscará que el pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa revise si la Sala Cuarta Unitaria valoró correctamente los dictámenes, las facultades de los regidores y el procedimiento mediante el cual las propuestas fueron presentadas ante el Ayuntamiento.
El exregidor aseguró que agotará todas las instancias legales disponibles y advirtió que, en caso de mantenerse la resolución, solicitará la protección de la justicia federal.
Así, la sanción contra los cuatro exintegrantes del Cabildo abre un nuevo frente político y jurídico en torno a decisiones tomadas durante el gobierno de Armando Cabada, mientras los señalados preparan su defensa y cuestionan la capacidad técnica del tribunal para resolver un caso relacionado con la planeación urbana de Ciudad Juárez.
