Ortiz Orpinel advierte que la medida no debe abrir la puerta a más autos extranjeros; la ciudad carga ya con 803 mil vehículos emplacados y otras 15 mil unidades bajo permisos temporales
Ciudad Juárez.- Miles de propietarios que quedaron atrapados a medio camino en el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera podrían encontrar una nueva oportunidad para concluir sus trámites, ante la posibilidad de que el Gobierno Federal emita un nuevo decreto dirigido exclusivamente a resolver los expedientes pendientes.
El alcalde Héctor Ortiz Orpinel sostuvo que los estados fronterizos han impulsado ante la Federación la necesidad de establecer un nuevo mecanismo que permita dar certeza jurídica a quienes ya tenían sus automóviles dentro del país e iniciaron el procedimiento de legalización, pero no alcanzaron a concluirlo durante la vigencia del decreto anterior.
La postura planteada desde Ciudad Juárez, aclaró, no busca generar condiciones para permitir el ingreso de más vehículos extranjeros, sino atender el rezago que dejó el programa anterior y cerrar procesos que permanecieron inconclusos.
El planteamiento cobra relevancia en una ciudad donde el crecimiento del parque vehicular mantiene una fuerte presión sobre la movilidad urbana.
De acuerdo con las cifras expuestas por Ortiz Orpinel, actualmente circulan en Juárez alrededor de 803 mil vehículos con placas, a los que se suman aproximadamente 15 mil unidades cuyos propietarios recurren a permisos temporales para poder desplazarse.
En conjunto, los números exhiben una carga superior a las 800 mil unidades en circulación y colocan nuevamente sobre la mesa el impacto que tendría cualquier política federal relacionada con la incorporación o regularización de automóviles de procedencia extranjera.
Por ello, el alcalde consideró que un nuevo decreto tendría que diseñarse bajo un criterio de cierre y regularización de pendientes, y no como una extensión destinada a incrementar el número de vehículos que ingresan al país.
Ortiz Orpinel planteó además que, frente a la saturación vehicular existente, la discusión debe ir acompañada de políticas orientadas a mejorar las condiciones de movilidad en la frontera.
Aunque los gobiernos estatales y municipales pueden promover la petición, la emisión de un eventual nuevo decreto depende exclusivamente del Gobierno Federal, instancia que tendría que determinar sus reglas, alcances, modelos autorizados, fechas de ingreso y requisitos para acceder al procedimiento.
La solicitud impulsada desde los estados de la frontera pretende particularmente atender a propietarios que, por distintas circunstancias, quedaron dentro de un proceso administrativo sin concluir y mantienen unidades cuya situación jurídica continúa pendiente.
El programa federal anterior permitió regularizar miles de vehículos conocidos comúnmente como “chuecos”, una problemática que durante años se concentró especialmente en entidades fronterizas como Chihuahua.
Ahora, con el cierre de aquel esquema, autoridades locales buscan que la Federación abra una última vía para resolver los casos rezagados, pero bajo la premisa de no convertir el nuevo decreto en otro incentivo para incrementar un parque vehicular que en Ciudad Juárez ya representa uno de los principales retos para la movilidad.
