Ciudad Juárez, Chih.- Lo que para algunos colectivos de la diversidad sexual representó una demostración de indignación y resistencia frente al rechazo del matrimonio igualitario en Chihuahua, terminó convirtiéndose en una derrota política que fortaleció a los grupos cristianos, a los sectores conservadores y al Partido Acción Nacional, afirmó René Fernández, presidente del Movimiento Igualitario LGBT+, quien lanzó una de las críticas más severas realizadas hasta ahora desde el interior del propio movimiento.
El activista sostuvo que la confrontación registrada durante las recientes manifestaciones dejó como saldo una victoria para los grupos religiosos que históricamente han combatido la agenda de derechos de la comunidad LGBT+, mientras que los colectivos que participaron en los enfrentamientos terminaron, según su análisis, validando ante una parte de la sociedad los prejuicios y estigmas que durante décadas han intentado combatir.
Fernández consideró que la llamada «digna rabia» que motivó las protestas terminó imponiéndose sobre la estrategia política y jurídica que durante años había permitido avances significativos para la comunidad. A su juicio, la reacción emocional desplazó a la razón y provocó que la discusión pública se centrara en los actos de confrontación, en lugar de enfocarse en la exigencia de derechos.
Según explicó, la imagen que quedó ante una parte importante de la opinión pública fue la de colectivos enojados, confrontativos y dispuestos a responder mediante gritos, insultos y enfrentamientos, una narrativa que, aseguró, fue aprovechada inmediatamente por grupos conservadores para reforzar sus discursos.
Para el dirigente, el verdadero vencedor de la batalla política no fue ningún partido en particular, sino las organizaciones religiosas y los sectores de derecha que durante años han mantenido una postura contraria a la ampliación de derechos para las parejas del mismo sexo.
«Ganaron quienes buscaban presentar a la comunidad como un grupo intolerante y agresivo», sostuvo en su análisis político de los acontecimientos.
Más allá de la derrota política, Fernández expresó preocupación por las posibles consecuencias sociales que podrían derivarse del clima de confrontación generado en las últimas semanas.
Recordó que Chihuahua mantiene históricamente uno de los registros más altos de crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual y advirtió que existe un patrón que se ha repetido durante años: después de los eventos públicos relacionados con el orgullo LGBT+, suelen registrarse agresiones graves e incluso homicidios contra integrantes de la comunidad.
De acuerdo con su evaluación, la exposición mediática de los enfrentamientos podría alimentar discursos de odio y radicalizar posiciones sociales que ya existían previamente.
Por ello, advirtió que el costo de los acontecimientos recientes podría ir mucho más allá del ámbito legislativo y trasladarse al terreno de la seguridad de las personas LGBT+ en distintas regiones del estado.
Fernández recordó que el movimiento por el matrimonio igualitario en Chihuahua no surgió de manera improvisada ni comenzó con las manifestaciones recientes.
Explicó que durante más de una década diversos activistas construyeron una estrategia jurídica compleja para abrir espacios de reconocimiento legal mediante amparos promovidos ante tribunales federales.
Recordó que desde 2015, junto con otros activistas como Iram Martínez y organizaciones de la sociedad civil, se desarrolló una ruta legal que permitió que parejas del mismo sexo obtuvieran el derecho a contraer matrimonio mediante sentencias judiciales.
Esa estrategia, aseguró, permitió avanzar cuando los poderes políticos se negaban a legislar sobre el tema.
Incluso señaló que durante el sexenio de César Duarte comenzaron a acumularse resoluciones favorables que generaban presión jurídica sobre el Estado, situación que llevó a las autoridades de la época a buscar mecanismos para evitar que se consolidara jurisprudencia obligatoria.
Para Fernández, esos avances fueron producto de años de trabajo técnico, jurídico y político, muy lejos de la confrontación pública que recientemente captó la atención mediática.
El dirigente sostuvo que la exigencia del matrimonio igualitario es legítima y continúa siendo una causa justa; sin embargo, consideró que la coyuntura política actual hacía prácticamente imposible que prosperara una reforma de ese tipo en el Congreso del Estado.
Argumentó que la correlación de fuerzas legislativas favorece al PAN y que los grupos conservadores mantienen una influencia importante dentro del debate público estatal.
Bajo ese escenario, dijo, algunos sectores de la diversidad sexual terminaron cayendo en una confrontación que favoreció precisamente a quienes buscaban bloquear cualquier avance en la materia.
Fernández afirmó que el movimiento perdió la capacidad de elegir adecuadamente el momento y las herramientas para impulsar la causa, permitiendo que la discusión se trasladara al terreno emocional y dejando de lado la estrategia jurídica que históricamente había dado resultados.
A pesar del revés político que identifica en los acontecimientos recientes, el presidente del Movimiento Igualitario LGBT+ aseguró que la lucha por la igualdad jurídica continuará.
Indicó que los próximos pasos estarán enfocados en acciones legales relacionadas con posibles omisiones legislativas, estrategia que buscará nuevamente que los tribunales obliguen a las autoridades a garantizar plenamente los derechos de las parejas del mismo sexo.
Recordó que gran parte de los avances obtenidos por la comunidad LGBT+ en México no nacieron de la voluntad política de los congresos locales, sino de sentencias judiciales que obligaron a reconocer derechos previamente negados.
Por ello, sostuvo que el movimiento deberá regresar a los tribunales, fortalecer la estrategia jurídica y evitar errores que permitan a los grupos conservadores capitalizar políticamente la causa.
Para Fernández, la lección que dejó la reciente confrontación es contundente: la comunidad LGBT+ perdió una batalla política que terminó fortaleciendo a sus adversarios ideológicos y religiosos, en un momento en el que, asegura, era indispensable actuar con mayor inteligencia estratégica que con enojo.
La autocrítica, concluyó, es necesaria porque el futuro de los derechos civiles en Chihuahua dependerá de la capacidad del movimiento para construir victorias legales y sociales, sin entregar a sus opositores argumentos que puedan utilizar para desacreditar una lucha que lleva más de 16 años buscando igualdad plena ante la ley.
