Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, advirtió que ningún funcionario puede utilizar los resultados del combate a la delincuencia para justificar actuaciones fuera de la ley. La detención del exfiscal está relacionada con presuntas irregularidades, omisiones en la cadena de mando y la intervención de agentes extranjeros en un operativo antidrogas.
Chihuahua, Chihuahua.— Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado dio a conocer que dirigió sus investigaciones contra quien fuera su propio titular, César Gustavo Jáuregui Moreno, detenido la mañana de este sábado 17 de octubre por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, derivados de presuntas irregularidades cometidas durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua, donde participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
El encargado de despacho de la Fiscalía, Gilberto Loya Chávez, confirmó que la captura del exfuncionario responde a los resultados de una investigación especializada que detectó posibles violaciones a los procedimientos institucionales, particularmente en la cadena de mando y los protocolos que debieron cumplirse durante el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026, en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.
El pronunciamiento de Loya Chávez marcó una postura institucional frente al caso, al establecer que los resultados positivos obtenidos en el combate al crimen organizado no representan una autorización para incumplir las disposiciones legales, incluso cuando se trata de funcionarios que anteriormente ocuparon los cargos de mayor responsabilidad dentro de la dependencia.
La detención de Jáuregui Moreno se efectuó aproximadamente a las 10:20 de la mañana sobre la avenida La Cantera, en la ciudad de Chihuahua, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión concedida por un juez de control dentro de la causa penal 3055/2026.
El arresto quedó asentado en el Registro Nacional de Detenciones, que identificó a la Policía Estatal como la corporación responsable de ejecutar el mandato judicial y poner al exfiscal a disposición de las autoridades correspondientes.
Investigación detectó posibles irregularidades en la cadena de mando
Gilberto Loya Chávez explicó que el 24 de abril pasado se integró una unidad especial para esclarecer los acontecimientos relacionados con el operativo antidrogas desarrollado en la región serrana, particularmente las circunstancias que permitieron la participación de personas extranjeras en acciones de seguridad realizadas en territorio mexicano.
Las diligencias se concentraron en reconstruir las decisiones adoptadas antes y durante la intervención, identificar a los servidores públicos involucrados y establecer si se respetaron los mecanismos de autorización, supervisión y coordinación institucional.
El encargado de despacho reconoció que las acciones realizadas por la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía General del Estado y las Fuerzas Armadas permitieron desmantelar instalaciones clandestinas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.
Sin embargo, precisó que el resultado material del operativo no elimina la obligación de investigar las posibles irregularidades cometidas durante su desarrollo.
Entre los aspectos sometidos a revisión se encuentran las presuntas omisiones en la cadena de mando, el incumplimiento de protocolos internos y las decisiones tomadas por funcionarios que tenían responsabilidades directivas dentro de la institución.
A partir de los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Jáuregui Moreno, al considerar que existen datos suficientes para formular una imputación por su probable participación en conductas previstas como delitos dentro del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Fiscalía advierte que no protegerá a funcionarios que violen la ley
El mensaje de Gilberto Loya Chávez también estuvo dirigido a los integrantes y antiguos servidores públicos de la propia Fiscalía, al reiterar que ninguna posición administrativa o jerarquía institucional constituye una protección frente a posibles responsabilidades penales.
El funcionario aseguró que cualquier persona que trabaje o haya trabajado dentro de la dependencia deberá responder ante las autoridades cuando existan elementos que sustenten su probable participación en hechos delictivos.
Esta postura adquiere relevancia debido a que las investigaciones alcanzaron al extitular de la institución, quien anteriormente tenía bajo su responsabilidad la conducción de las estrategias de investigación criminal y la coordinación de las áreas encargadas de procurar justicia en Chihuahua.
Loya Chávez planteó que el combate a las organizaciones delictivas debe realizarse mediante procedimientos legales, sin que los resultados operativos se conviertan en argumentos para justificar el incumplimiento de las normas.
La advertencia ocurre en un momento en que la Fiscalía enfrenta el desafío de investigar actuaciones desarrolladas desde su propia estructura de mando, circunstancia que obliga a esclarecer las decisiones adoptadas por quienes encabezaban las operaciones de seguridad.
Participación de agentes de la CIA detonó la investigación
El expediente que derivó en la detención de César Jáuregui Moreno tiene su origen en el operativo efectuado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde las autoridades localizaron y desmantelaron un complejo utilizado para la producción de drogas sintéticas.
La intervención adquirió repercusión nacional después de conocerse la participación de agentes estadounidenses vinculados con la CIA, situación que generó cuestionamientos sobre las autorizaciones para su presencia en actividades operativas dentro del territorio mexicano.
El caso se agravó tras un accidente ocurrido en la región serrana, en el que perdieron la vida dos agentes estadounidenses y dos funcionarios estatales relacionados con las actividades desarrolladas en la zona.
La presencia de personal de inteligencia extranjero abrió interrogantes sobre los mecanismos de cooperación internacional, las facultades de las autoridades estatales y los procedimientos necesarios para permitir su intervención en operaciones de seguridad.
Las investigaciones buscan establecer si los servidores públicos responsables del operativo actuaron dentro de sus atribuciones legales y determinar quiénes autorizaron, coordinaron o permitieron las acciones que actualmente son objeto de revisión.
El caso también motivó investigaciones federales por las posibles implicaciones relacionadas con la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional.
Investigación también alcanza a otro exfuncionario de la Fiscalía
Las actuaciones ministeriales no se limitan a César Jáuregui Moreno, debido a que también se obtuvo una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñó como fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro.
El exfuncionario es señalado por su probable participación en delitos relacionados con ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades, este último con penalidad agravada.
La existencia de otro mandato judicial refleja que las investigaciones comprenden distintas áreas de responsabilidad dentro de la estructura de procuración de justicia y no únicamente las decisiones atribuidas al anterior fiscal general.
Las autoridades deberán determinar el grado de participación que pudiera corresponder a cada uno de los involucrados, de acuerdo con sus atribuciones y las actuaciones documentadas durante el operativo.
El caso sacude a la estructura de seguridad de Chihuahua
La detención de César Jáuregui Moreno ocurre meses después de su salida de la Fiscalía General del Estado, registrada en abril pasado en medio de los cuestionamientos relacionados con la presencia de agentes estadounidenses en operaciones antidrogas.
El expediente también ha tenido repercusiones dentro de la administración estatal encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, debido a que las investigaciones involucran actuaciones desarrolladas durante la gestión de uno de los principales responsables de la procuración de justicia en Chihuahua.
El pasado 9 de octubre, Gilberto Loya Chávez fue designado encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, después de desempeñarse como secretario de Seguridad Pública Estatal, en el contexto de los ajustes realizados en la estructura de seguridad de la entidad.
A poco más de una semana de asumir esa responsabilidad, Loya Chávez confirmó la ejecución del mandato judicial contra Jáuregui Moreno y reiteró que la institución debe garantizar el cumplimiento de la ley incluso cuando las investigaciones involucren a quienes anteriormente ocuparon puestos de mando.
La captura representa una nueva etapa del expediente, debido a que las autoridades ministeriales deberán presentar formalmente los señalamientos ante el órgano jurisdiccional competente y exponer los datos de prueba que sustentan la imputación.
Jáuregui deberá enfrentar audiencia inicial
Tras su detención, César Jáuregui Moreno será presentado ante un juez de control para el desarrollo de la audiencia inicial, procedimiento en el que el Ministerio Público expondrá los hechos que le atribuye y solicitará las determinaciones judiciales correspondientes.
Será la autoridad jurisdiccional la encargada de valorar los datos aportados por la Fiscalía y resolver si existen elementos suficientes para vincular al exfuncionario a proceso.
Durante esta etapa deberán garantizarse sus derechos constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia, debido a que la orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con las circunstancias en que se desarrolló el operativo antidrogas, las decisiones adoptadas por sus antiguos mandos y las posibles responsabilidades derivadas de la participación de personal extranjero.
El mensaje de Gilberto Loya Chávez coloca el centro de la investigación en una cuestión fundamental: determinar si los funcionarios encargados de combatir al crimen organizado respetaron la legalidad durante el operativo, pues el desmantelamiento de un narcolaboratorio no elimina las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones realizadas fuera de los procedimientos establecidos.
