Héctor Ortiz Orpinel sostiene que corresponde a los tres integrantes del Cabildo presentar la denuncia contra Lorenzo Miramontes; el Gobierno Municipal mantiene bajo revisión la posible participación de servidores públicos en las operaciones denunciadas.
Ciudad Juárez, Chihuahua.– A pesar de haber denunciado públicamente la presunta falsificación de sus firmas en documentos utilizados para asignar terrenos de posible propiedad federal en el sector Luis Rey, tres regidores del Ayuntamiento de Ciudad Juárez no habían formalizado la denuncia penal contra Lorenzo Miramontes, mientras el alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, estableció que corresponde a los propios representantes municipales acudir ante la Fiscalía General del Estado, al tratarse de una situación que deben atender directamente los afectados.
El presidente municipal fue cuestionado sobre la falta de acciones legales por parte de Mireya Porras Armendáriz, Alejandro Daniel Acosta Aviña y Karla Michaeel Escalante Ramírez, cuyos nombres aparecen en cartas de posesión que, de acuerdo con los propios ediles, contienen firmas que no les pertenecen.
Ortiz Orpinel precisó que la presunta utilización indebida de las identidades de los regidores constituye un asunto que corresponde atender a quienes se consideran afectados, por lo que deberán determinar el procedimiento legal para solicitar la investigación correspondiente.
La postura del alcalde surge después de que los tres integrantes del Cabildo anunciaran su intención de presentar una denuncia penal contra Lorenzo Miramontes, identificado por habitantes del sector Luis Rey como presunto promotor de asignaciones irregulares de terrenos.
Sin embargo, el anuncio de acudir ante las autoridades ministeriales todavía no se había traducido en la presentación formal de la denuncia, situación que mantiene pendiente el esclarecimiento de la autenticidad de las firmas y del origen de los documentos utilizados para respaldar las ocupaciones.
La controversia adquirió una nueva dimensión cuando comenzaron a circular cartas de posesión con nombres y firmas atribuidos a los tres representantes municipales, documentos que presuntamente fueron entregados a personas que recibieron terrenos en la zona de Luis Rey y Granjas Unidas.
La regidora Mireya Porras Armendáriz rechazó que las firmas correspondan a los integrantes del Ayuntamiento y señaló que los sellos utilizados tampoco pertenecen al Gobierno Municipal.
Además, explicó que ninguno de los tres ediles tiene atribuciones dentro de la Comisión de Obras Públicas que permitan justificar su intervención en documentos relacionados con la asignación de terrenos.
Porras Armendáriz calificó las operaciones denunciadas como un fraude, al considerar que se está obteniendo dinero de familias mediante documentos que no acreditan legalmente la propiedad de las superficies.
Aunque el alcalde deslindó al Ayuntamiento de la responsabilidad de presentar las denuncias relacionadas con las firmas de los regidores, previamente había instruido a la Contraloría Municipal investigar si algún servidor público pudiera encontrarse involucrado en las operaciones denunciadas.
La revisión administrativa tiene como finalidad determinar si existen elementos que vinculen a personal de la administración municipal con la elaboración, entrega o utilización de documentación relacionada con los terrenos.
Esta investigación es independiente de las acciones penales que puedan emprender los ediles por la presunta utilización indebida de sus identidades.
Denuncian más de 200 posesiones y cobros de hasta 15 mil pesos
El conflicto territorial tiene su origen en las denuncias públicas de María Isabel Corral, habitante del sector Luis Rey, quien señaló que Lorenzo Miramontes habría promovido durante aproximadamente un año la asignación de más de 200 posesiones mediante cobros que oscilan entre 2 mil y 15 mil pesos.
Según su testimonio, las personas reciben cartas de posesión y planos que carecerían de claves catastrales y otros elementos oficiales necesarios para identificar los inmuebles.
La denunciante también cuestionó que Miramontes tenga facultades legales para asignar terrenos considerados de posible propiedad nacional, cuya regularización requeriría la intervención de las autoridades correspondientes.
Para determinar la autenticidad de las firmas sería necesario analizar los documentos cuestionados y, en su caso, practicar las pruebas periciales correspondientes.
También deberá establecerse si existió algún perjuicio patrimonial contra las personas que entregaron recursos económicos por la asignación de terrenos.
Mientras los regidores mantienen pendiente la formalización de sus acciones legales, el problema continúa afectando a familias que buscan certeza jurídica sobre los terrenos que ocupan y los documentos que recibieron.
Por ahora, los señalamientos contra Lorenzo Miramontes permanecen sujetos a investigación y no existe una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.
Con la postura expresada por Héctor Ortiz Orpinel, la decisión de presentar la denuncia por la presunta falsificación de firmas queda directamente en manos de Mireya Porras Armendáriz, Alejandro Daniel Acosta Aviña y Karla Michaeel Escalante Ramírez, mientras continúa pendiente conocer los resultados de la revisión anunciada por la Contraloría Municipal.
