Al menos cuatro proyectos habitacionales permanecen detenidos por la falta de reglamentación estatal; la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado no ha dado luz verde al mecanismo y el alcalde Héctor Ortiz Orpinel reconoce que el Municipio carece de facultades para resolver por cuenta propia el rezago
Ciudad Juárez.- La falta de reglamentación de la Transferencia de Potencial Urbano (TPU) mantiene frenados al menos cuatro proyectos de construcción en Ciudad Juárez y ha comenzado a generar pérdidas económicas para empresas desarrolladoras, mientras el Gobierno Municipal admite que no existe una fecha para reactivar este instrumento porque la definición jurídica se encuentra en manos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado.
El problema mantiene en pausa inversiones privadas que dependen de un mecanismo que anteriormente permitía sustituir la entrega de terrenos destinados a equipamiento urbano por inversiones directas en infraestructura, una alternativa que durante años fue utilizada dentro de los procesos de autorización de desarrollos inmobiliarios.
Sin embargo, el esquema permanece suspendido y el Ayuntamiento no cuenta actualmente con una herramienta legal que permita aplicarlo sin exponerse a nuevas controversias jurídicas.
El alcalde Héctor Ortiz Orpinel reconoció que el Municipio trabaja en la elaboración de lineamientos que permitan encontrar una salida para los desarrolladores, pero evitó establecer una fecha para su entrada en vigor debido a que la administración municipal depende directamente de la reglamentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.
La responsabilidad para emitir esa reglamentación corresponde al Gobierno del Estado, particularmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano, dependencia que hasta ahora no ha concluido el marco normativo que permita determinar bajo qué condiciones puede volver a operar un esquema de esta naturaleza.
La parálisis ya tiene consecuencias concretas en el sector de la construcción.
La regidora Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la Comisión de Fraccionamientos del Ayuntamiento e integrante de la fracción del PRI, informó que por lo menos cuatro proyectos habitacionales permanecen pendientes de autorización debido a que actualmente no existe un mecanismo legal para aplicar la transferencia de potencial urbano.
La falta de certeza normativa ha colocado a las empresas desarrolladoras en un escenario de espera, con proyectos detenidos, capital inmovilizado y costos que continúan acumulándose mientras no exista una definición de las autoridades estatales.
El TPU quedó bajo cuestionamiento después del amparo promovido por Plan Estratégico de Juárez contra el procedimiento aplicado durante la administración del entonces presidente municipal Armando Cabada Alvídrez.
La controversia surgió debido a que el mecanismo utilizado por aquel Ayuntamiento fue considerado sustentado en una interpretación incorrecta de la legislación estatal que se encontraba vigente en ese momento.
A partir de ese conflicto jurídico, la figura comenzó a perder sustento hasta quedar prácticamente inutilizada para nuevas autorizaciones.
Ortiz Orpinel explicó que el Ayuntamiento actualmente no tiene facultades para reglamentar una legislación que corresponde al ámbito estatal, por lo que cualquier solución definitiva depende de que el Gobierno del Estado expida el reglamento correspondiente.
El Municipio ha entregado propuestas y planteamientos técnicos para tratar de construir una alternativa que permita destrabar las inversiones sin violentar la legislación vigente, pero la decisión final permanece fuera de la esfera municipal.
Ante los desarrolladores afectados, la administración local únicamente ha podido avanzar en la construcción de posibles lineamientos internos que permitan aprovechar los márgenes que todavía concede la ley.
No obstante, Ortiz Orpinel reconoció que aún no puede garantizar cuándo podría existir una solución definitiva.
El alcalde señaló que el análisis municipal se encuentra avanzado para determinar qué acciones pueden realizarse dentro del marco jurídico actual, pero dejó claro que no pretende establecer un plazo que posteriormente no pueda cumplirse.
La indefinición mantiene así una presión creciente sobre el sector inmobiliario de Ciudad Juárez, particularmente entre las compañías que ya cuentan con proyectos y recursos comprometidos, pero que no pueden avanzar debido a la ausencia de reglas claras.
El propio presidente municipal reconoció que la problemática se ha prolongado durante varios años sin que el Gobierno del Estado emita el reglamento requerido.
La legislación que operó entre 2021 y 2022 permitía que el Ayuntamiento autorizara de manera colegiada la aplicación del TPU; sin embargo, esa atribución desapareció con la entrada en vigor del nuevo marco legal.
El golpe jurídico más reciente ocurrió a principios de 2026, cuando el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito declaró de manera definitiva la inconstitucionalidad de las figuras de “subdivisión especial” y “transferencia de potencial urbano” que habían sido incorporadas al Reglamento Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible durante la administración de Armando Cabada Alvídrez.
Con esa resolución, cualquier intento de reactivar el mecanismo bajo las condiciones anteriores quedó cerrado, obligando a las autoridades a buscar una nueva ruta jurídica.
El problema ahora se encuentra atrapado entre dos niveles de gobierno: un Municipio que asegura no tener atribuciones suficientes para reglamentar la materia y un Gobierno del Estado que todavía no concluye las disposiciones necesarias para que el mecanismo pueda encontrar una salida legal.
Mientras esa definición no llegue, las constructoras continuarán cargando con el costo de la parálisis.
Los cuatro proyectos identificados hasta ahora podrían convertirse solamente en la primera señal de un problema mayor si nuevas inversiones inmobiliarias requieren mecanismos similares y no encuentran una ruta jurídica para obtener autorización.
En una ciudad donde el crecimiento urbano demanda vivienda, vialidades, equipamiento e infraestructura, la ausencia de reglas para el TPU dejó de ser únicamente una discusión técnica o jurídica: ya representa un freno directo a inversiones privadas y a proyectos que permanecen atrapados en oficinas públicas.
Por ahora, no hay fecha para resolverlo.
