El coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación advirtió sobre una presunta operación que comprometería recursos de la Junta de Aguas durante 15 años; cuestionó que se pretendan pagar 540 millones de pesos anuales por dos plantas, cuando anteriormente se destinaban 396 millones por tres instalaciones.
Ciudad Juárez, Chihuahua.– La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), a través de su director ejecutivo Alberto Paredes Arroyo, negó que exista un proyecto para concesionar la operación de dos plantas tratadoras de aguas residuales por 540 millones de pesos anuales, luego de la denuncia pública presentada por Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Chihuahua, quien advirtió sobre un posible compromiso financiero multimillonario que afectaría las finanzas del organismo durante los próximos 15 años.
La respuesta de la descentralizada se produjo después de que Pérez Cuéllar pusiera bajo cuestionamiento el manejo de los recursos destinados al tratamiento de aguas residuales, al denunciar que se estaría contemplando nuevamente la contratación de particulares para operar instalaciones que recientemente regresaron a la administración directa de la JMAS.
El señalamiento adquiere relevancia por la magnitud de las cifras: de concretarse un esquema de 45 millones de pesos mensuales durante 15 años, el compromiso acumulado ascendería a 8 mil 100 millones de pesos, sin considerar eventuales ajustes contractuales.
Durante una conferencia de prensa celebrada el lunes 2 de noviembre, Cruz Pérez Cuéllar denunció lo que consideró un intento de privatización parcial de la operación de las plantas tratadoras de Ciudad Juárez, al advertir que una contratación de largo plazo podría representar una carga económica considerable para la JMAS.
El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación cuestionó particularmente la diferencia entre el esquema anterior y el que, de acuerdo con su denuncia, se estaría planteando.
Explicó que anteriormente el organismo pagaba aproximadamente 33 millones de pesos mensuales por el mantenimiento y operación de tres plantas de tratamiento, lo que representaba una erogación anual de 396 millones de pesos.
Sin embargo, señaló que el nuevo esquema contemplaría 45 millones de pesos mensuales para solamente dos instalaciones, equivalentes a 540 millones de pesos al año.
La diferencia sería de 144 millones de pesos adicionales cada año, a pesar de que el número de plantas atendidas pasaría de tres a dos.
Desde esa perspectiva, Pérez Cuéllar cuestionó las razones técnicas y financieras que podrían justificar un incremento de semejante magnitud, especialmente cuando las instalaciones ya habían regresado a la operación directa del organismo.
Uno de los aspectos más relevantes de la denuncia es la comparación del costo promedio por instalación.
Bajo el esquema anterior, los 33 millones de pesos mensuales destinados a tres plantas representaban un promedio de 11 millones por cada una.
En cambio, los 45 millones de pesos que Pérez Cuéllar atribuyó al supuesto nuevo proyecto, distribuidos entre dos instalaciones, elevarían el promedio a 22.5 millones de pesos mensuales por planta.
Esto significaría que el costo promedio por instalación sería más del doble del registrado anteriormente, aunque para establecer si existe un incremento injustificado sería necesario conocer las obligaciones, alcances técnicos y servicios incluidos en ambos esquemas.
El exalcalde de Ciudad Juárez consideró que una decisión de esa naturaleza requeriría una explicación pública, ante las implicaciones que tendría para la capacidad financiera de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
La principal preocupación expresada por Pérez Cuéllar no se limita al incremento de los pagos mensuales, sino al periodo durante el cual quedarían comprometidos los recursos.
De acuerdo con las cifras presentadas, una contratación por 540 millones de pesos anuales durante 15 años alcanzaría un monto acumulado de 8 mil 100 millones de pesos.
Tomando como referencia un presupuesto anual aproximado de 3 mil 800 millones de pesos para la JMAS, señalado durante su exposición, el desembolso representaría alrededor del 14.2 por ciento de ese presupuesto cada año, si ambas cantidades permanecieran constantes.
Pérez Cuéllar advirtió que un compromiso financiero de esa dimensión podría reducir el margen de maniobra del organismo para destinar recursos a otras necesidades de infraestructura hidráulica y sanitaria.
El cuestionamiento cobra importancia en una ciudad que enfrenta problemas recurrentes de drenaje, fugas de aguas residuales, inundaciones y deficiencias en infraestructura pluvial, particularmente en sectores donde las recientes lluvias provocaron afectaciones a viviendas y vialidades.
Bajo ese escenario, el coordinador de la Cuarta Transformación planteó la necesidad de conocer con precisión cualquier propuesta que pudiera comprometer durante tres lustros una parte de los recursos públicos destinados al servicio de agua y saneamiento.
Otro elemento que alimenta la controversia es que las plantas tratadoras ya se encuentran bajo operación directa de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
En junio de 2026 concluyó el contrato de prestación de servicios que durante cerca de dos décadas mantuvo la operación de estas instalaciones en manos de una empresa externa.
Desde entonces, personal del propio organismo asumió su funcionamiento.
Esta circunstancia fue uno de los puntos centrales del señalamiento de Pérez Cuéllar, quien cuestionó la conveniencia de volver a entregar a particulares la operación de instalaciones recuperadas por la descentralizada.
La discusión también plantea la necesidad de determinar cuánto cuesta actualmente operar las plantas con personal de la JMAS y cuáles serían las ventajas técnicas, operativas o económicas de recurrir nuevamente a una empresa privada.
En respuesta a la denuncia, Alberto Paredes Arroyo sostuvo que actualmente no existe una propuesta económica de 540 millones de pesos anuales, ni un procedimiento de licitación, contrato adjudicado o fallo a favor de una empresa para operar las instalaciones.
También explicó que el futuro esquema de funcionamiento de las plantas no ha sido sometido formalmente a consideración del Consejo de Administración.
El directivo señaló que analizar alternativas para garantizar la continuidad y eficiencia del tratamiento de aguas residuales no significa necesariamente concesionar el servicio.
Asimismo, retó públicamente a Cruz Pérez Cuéllar a presentar documentación que respalde sus afirmaciones y atribuyó los señalamientos al ambiente político-electoral que se desarrolla en Chihuahua.
De acuerdo con información difundida sobre la sesión del Consejo realizada a finales de octubre, el organismo abordó la conclusión del contrato anterior, pero no sometió a discusión formal una nueva concesión.
Más allá del intercambio de señalamientos entre Pérez Cuéllar y Paredes Arroyo, la controversia coloca en la discusión pública el modelo de operación de las plantas tratadoras y el destino de los recursos que administra la JMAS.
El tratamiento de aguas residuales constituye un servicio esencial para la salud pública, el saneamiento ambiental y el aprovechamiento del agua tratada en una ciudad donde la disponibilidad del recurso hídrico representa un desafío permanente.
La discusión, por lo tanto, no solamente involucra la participación de empresas particulares, sino también los costos de mantenimiento, consumo energético, rehabilitación de equipos, cumplimiento de normas ambientales y capacidad operativa de las instalaciones.
La denuncia de Cruz Pérez Cuéllar plantea la necesidad de transparentar las alternativas financieras que pudiera evaluar la descentralizada, mientras que la negativa de su director ejecutivo establece que actualmente no existe un procedimiento formal para contratar una concesión.
Por ahora, no se ha acreditado públicamente la existencia de un contrato por 8 mil 100 millones de pesos. Sin embargo, el señalamiento de Pérez Cuéllar abrió una discusión sobre cuánto le cuesta a Ciudad Juárez tratar sus aguas residuales y bajo qué condiciones deberían comprometerse los recursos de la JMAS durante los próximos años.
Paredes aseguró que actualmente no hay una propuesta específica sobre el destino de estas instalaciones, ni un procedimiento de licitación o contrato para entregar su operación a una empresa particular.
«Hoy en mi carácter de director ejecutivo de la Junta de Aguas quiero hacer las siguientes precisiones: el señor Cruz Pérez Cuéllar miente totalmente, es una mentira sobre el tema de las plantas tratadoras de agua, al día de hoy no existe un proyecto en específico sobre el destino de las plantas tratadoras, mucho menos una propuesta económica por 540 millones de pesos anuales, eso es totalmente falso», declaró.
La respuesta se produjo luego de que Pérez Cuéllar advirtiera que el supuesto proyecto comprometería el 15 por ciento del presupuesto anual de la JMAS, equivalente a 540 millones de pesos, y limitaría la capacidad de inversión del organismo durante 15 años.
El director ejecutivo insistió en que no existe ninguna licitación en curso ni un fallo a favor de alguna compañía para prestar el servicio, por lo que tampoco hay un contrato vigente que otorgue la operación de las plantas a un particular.
Explicó que actualmente la propia JMAS está a cargo de las instalaciones, luego de que en junio de este año concluyera el contrato con el anterior prestador del servicio, que permaneció durante 20 años.
Ante los señalamientos, Paredes retó a Pérez Cuéllar a presentar documentos que respalden sus declaraciones y sostuvo que no existe evidencia que acredite la supuesta propuesta económica.
El funcionario también atribuyó las acusaciones al contexto político y las calificó como una respuesta a las críticas sobre el desempeño de la administración municipal durante los últimos cinco años. Como ejemplo, mencionó la emergencia que enfrentó la ciudad semanas atrás por las lluvias y las afectaciones registradas en el fraccionamiento Gardeno.
Indicó que, según su versión, vecinos de ese sector habían presentado una queja desde 2021 sin que el Gobierno Municipal atendiera el problema.
Asimismo, afirmó que la JMAS apoyó a la Dirección de Protección Civil con 50 litros de diésel y guantes, debido a que, aseguró, la dependencia municipal carecía del equipamiento y las herramientas necesarias para atender ese tipo de contingencias.
Finalmente, Paredes pidió a Pérez Cuéllar no desviar la atención con este tipo de señalamientos, aunque descartó que la JMAS vaya a presentar una demanda en su contra por las acusaciones.
