Diez veterinarios buscan impugnar el nuevo reglamento municipal por las restricciones a las mutilaciones estéticas y la eutanasia; la directora de DABA sostiene que la normativa fue construida durante más de un año con participación de especialistas y respaldo jurídico.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 27 de octubre de 2026.— La disputa por el bienestar animal en Ciudad Juárez comenzó a inclinarse, al menos en sus primeras resoluciones judiciales, hacia la defensa del nuevo reglamento municipal, luego de que cuatro de los diez médicos veterinarios que promovieron recursos de amparo recibieran determinaciones desfavorables a sus solicitudes, informó Alma Edith Arredondo Salinas, directora de Atención y Bienestar Animal (DABA), quien advirtió que las impugnaciones no significan que el Ayuntamiento haya perdido sus facultades para proteger a los animales.
La funcionaria municipal defendió la legalidad de las disposiciones que buscan impedir las mutilaciones con fines exclusivamente estéticos y establecer condiciones para la aplicación de la eutanasia, dos de los principales puntos que detonaron la inconformidad de un sector del gremio veterinario.
De acuerdo con Arredondo Salinas, los procedimientos judiciales fueron promovidos por diez profesionistas contra el Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Atención y Bienestar Animal, bajo el argumento de que las autoridades locales excedieron sus atribuciones al establecer determinadas disposiciones relacionadas con el ejercicio de la medicina veterinaria.
Sin embargo, la directora reveló que la semana pasada se conocieron respuestas judiciales relacionadas con cinco de los promoventes, de las cuales cuatro resultaron desfavorables para sus solicitudes, mientras que otra quedó condicionada a un aspecto específico de la controversia.
Aclaró que estas determinaciones todavía no representan sentencias definitivas, debido a que los procedimientos continúan sujetos a las distintas etapas previstas en la legislación federal.
El resultado preliminar representa un primer respaldo procesal para la postura municipal, aunque todavía corresponde a los tribunales determinar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
Veterinarios participaron en elaboración del reglamento: DABA
Uno de los aspectos que mayor controversia ha generado es el señalamiento de los promoventes respecto a una supuesta exclusión de especialistas durante la elaboración del documento.
Arredondo Salinas rechazó esa versión y aseguró que durante más de un año se desarrollaron mesas de análisis en las que participaron representantes de colegios de médicos veterinarios, instituciones universitarias, funcionarios municipales y regidores de diferentes comisiones edilicias.
La directora sostuvo que durante las reuniones no se manifestaron objeciones que anticiparan la inconformidad jurídica presentada posteriormente.
Por ello, consideró necesario distinguir entre la participación de representantes del gremio y el desacuerdo que determinados profesionistas mantienen actualmente con las disposiciones aprobadas.
El señalamiento adquiere relevancia porque uno de los argumentos utilizados para cuestionar la validez del reglamento consiste precisamente en la presunta ausencia de consultas técnicas durante su elaboración.
La versión de Arredondo coincide con lo manifestado anteriormente por el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, quien informó que existen registros fotográficos de las mesas de trabajo donde aparecen representantes del sector veterinario, incluidos algunos relacionados con los recursos legales.
En consecuencia, la controversia también se concentra en determinar si existió una participación suficiente de los sectores especializados y si el procedimiento legislativo municipal cumplió con los requisitos aplicables.
Corte de orejas y colas, en el centro de la disputa
Más allá de los argumentos jurídicos, el conflicto tiene como uno de sus principales puntos de confrontación la prohibición de mutilaciones practicadas únicamente para modificar la apariencia física de los animales.
Entre estas intervenciones se encuentran los cortes de orejas y colas realizados por razones estéticas, procedimientos que han sido cuestionados por sus implicaciones para el bienestar animal cuando no existe una justificación médica.
El nuevo Reglamento de Bienestar Animal de Ciudad Juárez contempla restricciones a estas prácticas y establece responsabilidades para quienes incumplan las disposiciones municipales.
Los médicos veterinarios inconformes cuestionan particularmente los artículos 29, fracción I, y 70, relacionados con las mutilaciones y la eutanasia, así como otros apartados que regulan las facultades de la autoridad municipal.
El Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios Zootecnistas Paso del Norte ha sostenido que sus recursos buscan revisar la competencia del Municipio y garantizar que las disposiciones no interfieran indebidamente con el ejercicio profesional.
No obstante, desde la perspectiva de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, el objetivo de las restricciones consiste en impedir intervenciones innecesarias que puedan provocar dolor o sufrimiento a los animales.
La discusión plantea una cuestión de fondo: hasta dónde llegan las atribuciones profesionales de los veterinarios y cuáles son los límites que puede establecer la autoridad para garantizar el bienestar de los animales.
Reglamento contempla multas superiores a 17 mil pesos
La normativa municipal, publicada durante septiembre, establece obligaciones para los responsables de animales domésticos y contempla sanciones por maltrato, abandono y otras conductas contrarias a su bienestar.
Entre las medidas se encuentran multas que pueden superar los 17 mil pesos, además de arrestos administrativos de hasta 36 horas, dependiendo de la infracción.
También establece restricciones para mantener animales en condiciones inadecuadas, abandonarlos en espacios públicos o someterlos a procedimientos que no respondan a necesidades médicas justificadas.
La Dirección de Atención y Bienestar Animal tiene atribuciones para intervenir en la aplicación del reglamento, mientras que otras dependencias municipales participan en las acciones de vigilancia y cumplimiento.
La entrada en vigor de estas disposiciones representa una modificación importante en el esquema municipal de protección animal, al establecer mecanismos de responsabilidad para propietarios, poseedores y personas encargadas del cuidado de mascotas.
Alma Arredondo defiende trabajo de más de un año
Frente a los cuestionamientos, Arredondo Salinas sostuvo que el documento no fue elaborado de manera improvisada, sino mediante un proceso de análisis jurídico y técnico que se prolongó durante más de doce meses.
Explicó que participaron distintas áreas de la administración municipal, particularmente la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Atención y Bienestar Animal y las comisiones edilicias relacionadas con Gobernación, Ecología y Protección Civil.
Agregó que las disposiciones fueron revisadas tomando como referencia la legislación estatal y federal, así como los cambios normativos relacionados con la protección de los animales.
La funcionaria consideró que las diferencias técnicas o jurídicas pueden abordarse mediante los mecanismos institucionales correspondientes, sin desconocer el proceso de discusión y aprobación que permitió establecer la nueva reglamentación.
Asimismo, señaló que las autoridades municipales respondieron en tiempo y forma a los requerimientos derivados de los juicios de amparo.
La defensa del reglamento también cuenta con el respaldo del presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien ha sostenido que las nuevas disposiciones responden a la necesidad de modificar la manera en que se trata a los animales.
El alcalde ha manifestado que el propósito no es impedir injustificadamente el ejercicio de la medicina veterinaria, sino establecer condiciones que eviten sufrimiento innecesario y garanticen que determinados procedimientos sean realizados por personal técnicamente capacitado.
Batalla jurídica continúa; protección animal permanece en el centro del debate
Aunque las primeras determinaciones judiciales reportadas por DABA no favorecieron a cuatro de los promoventes, la controversia todavía no está resuelta.
Los tribunales federales deberán analizar los argumentos relacionados con la competencia municipal, el procedimiento de elaboración del reglamento y la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas.
Las resoluciones sobre suspensiones provisionales o definitivas tampoco equivalen necesariamente a una sentencia sobre el fondo de los amparos.
Mientras continúa el litigio, Alma Arredondo Salinas mantiene la defensa institucional de una normativa que, de acuerdo con la administración municipal, busca establecer mayores garantías de protección para los animales y fortalecer la responsabilidad de quienes tienen mascotas bajo su cuidado.
El desenlace judicial será determinante para establecer el alcance de las facultades municipales en esta materia.
Por ahora, el enfrentamiento legal ha colocado frente a frente dos posiciones: la de los profesionistas que reclaman certeza jurídica para ejercer la medicina veterinaria y la de las autoridades que defienden la necesidad de establecer límites a prácticas consideradas incompatibles con el bienestar animal.
En medio de esa disputa, la Dirección de Atención y Bienestar Animal sostiene que la protección de los animales debe mantenerse como el objetivo central de la reglamentación municipal.
