Alcalde Héctor Ortiz Orpinel ordena revisar si empleados municipales están involucrados en la presunta comercialización irregular de terrenos federales; también instruye a regidores presentar denuncia ante la Fiscalía.
Ciudad Juárez, Chih.– El presunto fraude relacionado con la venta irregular de terrenos federales en el sector de Luis Rey y Granjas Unidas abrió una nueva línea de investigación hacia el interior del Gobierno Municipal, luego de que el alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, instruyó a la Contraloría Municipal revisar si algún funcionario o empleado del Ayuntamiento pudiera estar involucrado en las operaciones atribuidas al líder Lorenzo Miramontes.
El presidente municipal en funciones también solicitó a los regidores cuyos nombres y firmas presuntamente fueron utilizados en documentos relacionados con la comercialización de los predios que presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, con el propósito de que se investiguen los hechos y se determinen posibles responsabilidades penales.
La intervención del Gobierno Municipal ocurre después de que habitantes del sector denunciaron presuntas irregularidades en la venta de terrenos que, de acuerdo con los señalamientos, pertenecen a la Federación y no pueden ser comercializados mediante simples cartas de posesión.
El caso adquirió mayor relevancia cuando integrantes del Cabildo denunciaron que sus nombres y supuestas firmas aparecían en documentos utilizados para dar apariencia de legalidad a las operaciones inmobiliarias.
Entre los regidores mencionados en los señalamientos se encuentran Mireya Porras, Alejandro Acosta y Karla Escalante, quienes fueron relacionados con documentación cuya autenticidad ha sido cuestionada.
Ante estas circunstancias, Ortiz Orpinel informó que, tan pronto tuvo conocimiento de las denuncias, solicitó que se acudiera ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones.
Explicó que, por tratarse presuntamente de terrenos federales, corresponde a las instancias facultadas determinar la situación jurídica de los predios y establecer si se cometieron delitos durante su comercialización.
Sin embargo, advirtió que la administración municipal no permanecerá al margen de las investigaciones si existen indicios de que algún servidor público pudo haber intervenido en los hechos.
Por esa razón, instruyó a la Contraloría Municipal dar seguimiento puntual al asunto y revisar cualquier posible participación de personal del Ayuntamiento.
La intervención de este órgano de control interno permitiría determinar si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos contra servidores públicos, independientemente de las investigaciones penales que pudieran desarrollarse.
El alcalde aclaró que el Municipio no tiene facultades para investigar directamente la presunta comercialización ilegal de terrenos federales, pero sí puede intervenir cuando exista la posibilidad de que empleados de la administración pública hayan participado en irregularidades.
La investigación interna representa una nueva vertiente del caso, que hasta ahora se había concentrado en las denuncias de habitantes y en el presunto uso indebido de documentos atribuidos a integrantes del Cabildo.
De acuerdo con los antecedentes denunciados por vecinos del sector Luis Rey, Lorenzo Miramontes habría promovido durante aproximadamente un año la venta de terrenos mediante la entrega de cartas de posesión y planos catastrales que presuntamente carecen de información oficial y claves de identificación.
Los denunciantes señalaron que por algunas de estas operaciones se habrían solicitado cantidades de hasta 15 mil pesos, bajo la promesa de obtener documentos que acreditaran la posesión de los predios.
La situación también generó cuestionamientos por el presunto uso de nombres, firmas y sellos municipales en documentación relacionada con las operaciones, circunstancia que deberá ser esclarecida por las autoridades investigadoras.
Los regidores involucrados en estos señalamientos han rechazado la autenticidad de las firmas que se les atribuyen y han manifestado su intención de acudir ante las autoridades ministeriales.
Con la instrucción girada por Ortiz Orpinel, el caso podría desarrollarse en dos ámbitos: la investigación penal sobre las presuntas operaciones irregulares y la revisión administrativa para determinar si existió participación de servidores públicos municipales.
Hasta el momento no se ha confirmado que algún funcionario del Ayuntamiento esté involucrado ni que se hayan establecido responsabilidades penales contra las personas señaladas.
Tampoco se ha informado de la presentación formal de las denuncias solicitadas por el alcalde.
El caso de Luis Rey y Granjas Unidas deja así de ser únicamente una controversia por la posesión y comercialización de terrenos, para convertirse también en un asunto bajo revisión del órgano de control municipal, ante la posibilidad de que las presuntas irregularidades hayan contado con la participación de personal del Ayuntamiento.
