Mireya Porras Armendáriz denuncia el presunto fraude contra familias de Luis Rey; advierte que los documentos carecen de validez y que los afectados estarían entregando hasta 15 mil pesos por terrenos sin respaldo legal.
Ciudad Juárez, Chihuahua.– La presunta venta irregular de terrenos federales en el sector Luis Rey desató una nueva controversia legal, luego de que la regidora Mireya Porras Armendáriz denunciara la utilización de firmas falsas y sellos ajenos al Gobierno Municipal en cartas de posesión atribuidas a tres integrantes del Ayuntamiento, quienes preparan una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra Lorenzo Miramontes, señalado por promover la asignación de predios y recibir pagos de familias que buscan hacerse de un patrimonio.
La representante municipal confirmó que tanto su nombre como los de los regidores Alejandro Daniel Acosta Aviña y Karla Michaeel Escalante Ramírez aparecen en documentos que desconocen, debido a que las firmas no corresponden a las utilizadas por ellos y los sellos plasmados tampoco pertenecen al Ayuntamiento.
Porras Armendáriz calificó las operaciones denunciadas como un fraude contra las familias que entregan recursos económicos por terrenos que, según su señalamiento, pertenecen a la Federación y no pueden comercializarse mediante simples cartas de posesión expedidas por particulares.
La edil explicó que ninguno de los tres regidores pertenece a la Comisión de Obras Públicas ni tiene atribuciones para autorizar la asignación de estos terrenos, circunstancia que, además de las irregularidades detectadas en las firmas y sellos, refuerza sus cuestionamientos sobre la autenticidad de los documentos.
Ante la gravedad de los hechos, los tres representantes municipales buscarán presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, con la intención de que se investigue la utilización de sus identidades y se determine quién elaboró y entregó las cartas que presuntamente contienen firmas apócrifas.
La regidora manifestó que el problema no se limita a la afectación de sus nombres como servidores públicos, sino que involucra directamente a ciudadanos que podrían estar siendo engañados mediante documentos que generan una apariencia de legalidad sobre operaciones territoriales cuestionadas.
La controversia tiene su origen en las denuncias formuladas por María Isabel Corral, quien identificó a Lorenzo Miramontes como la persona que desde hace aproximadamente un año estaría promoviendo la ocupación de terrenos ubicados al norte del sector Luis Rey, mediante la entrega de documentos de posesión y cobros que oscilan entre 2 mil y 15 mil pesos.
De acuerdo con su testimonio, el esquema habría involucrado más de 200 asignaciones territoriales, aunque esta cantidad todavía requiere ser verificada por las autoridades competentes.
Los denunciantes sostienen que algunas cartas de posesión y planos catastrales carecen de claves oficiales de identificación, medidas y otros elementos técnicos necesarios para determinar su correspondencia con superficies legalmente reconocidas.
También se han señalado cobros adicionales cercanos a 2 mil pesos por la elaboración y entrega de determinados documentos, cantidades que presuntamente se presentan como aportaciones voluntarias.
La situación adquirió mayor gravedad cuando comenzaron a circular documentos en los que aparecen los nombres de los tres regidores, generando inicialmente la impresión de que existía algún tipo de respaldo institucional a las operaciones.
Sin embargo, Mireya Porras Armendáriz rechazó expresamente cualquier participación de los ediles en la autorización de esas cartas y aseguró que las firmas fueron utilizadas sin su consentimiento.
Piden intervención de la Fiscalía por documentos presuntamente falsificados
El caso podría configurar conductas relacionadas con la falsificación o utilización de documentos apócrifos, previstas en el artículo 330 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
La legislación establece penas de tres a seis años de prisión cuando se falsifican documentos públicos para obtener beneficios o causar perjuicios, mientras que tratándose de documentos privados las sanciones van de seis meses a tres años de prisión, además de las multas correspondientes.
La aplicación de estas disposiciones dependerá de la investigación ministerial, del análisis pericial de las firmas y de la naturaleza jurídica de las cartas de posesión.
También corresponderá a la Fiscalía establecer si existen elementos para investigar un posible fraude patrimonial contra las personas que entregaron dinero por los predios.
Porras Armendáriz insistió en que la investigación deberá enfocarse tanto en esclarecer la utilización de los nombres de los regidores como en proteger a los ciudadanos que pudieron resultar afectados económicamente.
El conflicto se desarrolla en superficies de Granjas Unidas y Luis Rey, donde existen antecedentes de procedimientos de medición y deslinde relacionados con predios de presunta propiedad nacional.
Según la información recabada, el asentamiento está dividido en dos polígonos, uno de ellos sujeto a trabajos de identificación y regularización por parte del Gobierno Municipal, mientras que el segundo comprende terrenos de la zona serril donde se han denunciado nuevas ocupaciones.
Autoridades municipales y federales habrían advertido previamente a Lorenzo Miramontes sobre la necesidad de suspender la incorporación de nuevas familias a terrenos cuya situación jurídica no se encuentra regularizada.
Incluso, conforme a los antecedentes del conflicto, el dirigente fue convocado a la Dirección de Asentamientos Humanos, donde se le habrían explicado las consecuencias legales de continuar promoviendo ocupaciones en superficies cuestionadas.
La regidora Mireya Porras Armendáriz sostuvo que la utilización de sus nombres afecta la imagen de los representantes municipales, pero consideró todavía más grave que familias puedan estar perdiendo sus recursos económicos al recibir documentos que no garantizan la propiedad de los terrenos.
Advirtió que los compradores podrían estar siendo aprovechados en su necesidad de conseguir un espacio para construir una vivienda, mediante operaciones que, desde su perspectiva, carecen de respaldo jurídico.
El anuncio de la denuncia penal representa un nuevo capítulo en el conflicto territorial, al colocar bajo investigación no solamente la presunta comercialización irregular de terrenos, sino también la utilización de identidades y firmas atribuidas falsamente a integrantes del Cabildo.
Será responsabilidad de las autoridades ministeriales determinar quién elaboró los documentos, si se utilizaron con conocimiento de su presunta falsedad, qué participación corresponde a las personas denunciadas y cuántas familias pudieron resultar afectadas.
Hasta el momento, los señalamientos contra Lorenzo Miramontes constituyen acusaciones que deberán investigarse y no una determinación de responsabilidad penal.
Mientras tanto, Mireya Porras Armendáriz, Alejandro Daniel Acosta Aviña y Karla Michaeel Escalante Ramírez preparan las acciones legales correspondientes para desconocer formalmente los documentos y solicitar que se esclarezca el posible perjuicio ocasionado a los habitantes del sector Luis Rey.
