Más de 200 posesiones y cobros de hasta 15 mil pesos forman parte de las denuncias; surge la interrogante sobre posibles intereses políticos y electorales detrás de la ocupación de predios.
Ciudad Juárez, Chihuahua.– El regidor del Partido del Trabajo (PT), Pedro Alberto Matus Peña, quedó bajo señalamientos de presunto respaldo político a Lorenzo Miramontes, un líder de colonos acusado por habitantes del sector Luis Rey de comercializar irregularmente terrenos cuya situación jurídica se encuentra en disputa, mediante cobros de hasta 15 mil pesos y la entrega de documentos que, según los denunciantes, carecen de elementos oficiales de identificación.
La denuncia fue expuesta por María Isabel Corral, quien advirtió que durante aproximadamente un año se habrían asignado alrededor de 200 posesiones mediante operaciones cuya legalidad está siendo cuestionada por los propios habitantes.
El señalamiento adquiere una dimensión política por la presunta intervención de Matus Peña, integrante de la fracción edilicia del PT, cuyo nombre fue mencionado por los denunciantes como posible respaldo de Miramontes.
En un contexto de creciente actividad política rumbo al próximo proceso electoral, el caso abre interrogantes sobre el posible aprovechamiento de las necesidades de vivienda de familias juarenses para construir estructuras de apoyo territorial. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas que acrediten un intercambio de terrenos por votos ni una participación directa del regidor en los cobros denunciados.
De acuerdo con Corral, Lorenzo Miramontes estaría promoviendo la ocupación de terrenos al norte del sector Luis Rey, ofreciendo cartas de posesión y planos catastrales que no contienen claves de identificación, medidas de los predios ni elementos suficientes para acreditar su validez.
Por estos documentos, explicó, se solicitan aproximadamente 2 mil pesos, mientras que las cantidades relacionadas con la asignación de terrenos oscilan entre 2 mil y 15 mil pesos, dependiendo de su ubicación y superficie.
La denunciante sostuvo que los cobros se presentan como aportaciones voluntarias, aunque cuestionó que Miramontes tenga facultades legales para disponer de las superficies o expedir documentos que generen derechos de posesión.
También identificó a un ingeniero de nombre José Díaz como la persona que presuntamente realiza mediciones y participa en la elaboración de los documentos entregados a los nuevos ocupantes.
La controversia se agravó este 10 de octubre, cuando, según la denunciante, se realizó una nueva entrega de cartas de posesión y planos catastrales sin claves oficiales, algunos de ellos relacionados con la colonia Palo Chino, pese a que los terrenos señalados corresponden a otro sector.
Advertencias oficiales por ocupación de terrenos federales
En una declaración adicional sobre la problemática de Granjas Unidas, se explicó que el asentamiento está dividido en dos polígonos: uno bajo atención del Gobierno Municipal, donde ya existe un censo para iniciar procedimientos de regularización, y otro hacia el poniente, en la zona serril, donde continúan las ocupaciones cuestionadas.
Según esta versión, autoridades municipales y federales ya habían advertido a Lorenzo Miramontes que debía suspender la incorporación de nuevas familias a superficies identificadas como federales.
Incluso, se indicó que el dirigente fue citado a la Dirección de Asentamientos Humanos para informarle sobre las posibles consecuencias legales de continuar con estas actividades. A la reunión habría acudido acompañado por aproximadamente 60 colonos.
El conflicto territorial también involucra intereses industriales, debido a que Grupo Cementos de Chihuahua tendría la intención de adquirir parte de la superficie señalada para actividades de explotación de materiales, según la misma declaración.
El antecedente federal sobre Granjas Unidas
La controversia no parte únicamente de testimonios vecinales. Desde 2019 existen publicaciones oficiales de procedimientos de medición y deslinde de predios identificados como de presunta propiedad nacional en Granjas Unidas, aunque todavía es necesario establecer si corresponden exactamente a las superficies actualmente denunciadas.
Estos antecedentes refuerzan la necesidad de que las autoridades competentes determinen la situación jurídica de los terrenos y revisen la autenticidad de los documentos entregados a las familias.
La pregunta política: ¿qué papel desempeña el regidor?
La mención de Pedro Matus Peña coloca el asunto en el terreno de la responsabilidad pública. Como integrante del Ayuntamiento, resulta pertinente esclarecer si ha intervenido en gestiones relacionadas con Lorenzo Miramontes, qué tipo de apoyo habría proporcionado y si conoce las denuncias por cobros y asignaciones de terrenos.
También deberá establecerse si existe alguna relación entre las actividades de organización territorial y los intereses políticos del PT, particularmente ante la proximidad del siguiente proceso electoral.
Por ahora, los señalamientos sobre el presunto respaldo del regidor proceden del testimonio de la denunciante y no constituyen una acreditación de responsabilidad administrativa, electoral o penal.
El caso plantea un riesgo para familias que podrían estar entregando sus ahorros a cambio de documentos sin reconocimiento oficial y quedar expuestas a futuros procedimientos de desocupación.
La situación exige una revisión de las autoridades agrarias y municipales, así como el esclarecimiento de la participación de las personas señaladas.
