Ciudad Juárez.- Cuatro años después de que el llamado “Jueves Negro” exhibiera la fragilidad del sistema penitenciario y desatara una de las jornadas más violentas que ha vivido Ciudad Juárez, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguró que el esquema de control en las cárceles de Chihuahua ha sido sometido a una profunda reestructuración, que incluye el traslado de alrededor de mil 500 personas privadas de la libertad y revisiones constantes en los Centros de Reinserción Social.
El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, sostuvo que uno de los principales cambios se encuentra en el reforzamiento de las inspecciones al interior de los penales, donde actualmente se realizan al menos dos revisiones mensuales con participación de diversas autoridades, además de operativos permanentes ejecutados por la propia corporación.
De acuerdo con el funcionario, las inspecciones han permitido reducir de manera considerable el hallazgo de objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios.
Actualmente, los artículos localizados corresponden principalmente a objetos hechizos elaborados por los propios internos, entre ellos puntas improvisadas y prendas adicionales, una condición que, según la autoridad, contrasta con los decomisos registrados en años anteriores.
Uno de los movimientos de mayor impacto dentro de la estrategia penitenciaria ha sido el traslado de aproximadamente mil 500 internos hacia otros centros de reclusión, una medida utilizada para disminuir la sobrepoblación, reorganizar perfiles penitenciarios y reducir riesgos derivados de concentraciones de grupos generadores de violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal considera que la reducción de la población en determinados centros ha permitido recuperar capacidad operativa y fortalecer los mecanismos internos de seguridad.
Loya reconoció, sin embargo, que el proceso no puede considerarse concluido y que todavía existen áreas pendientes dentro del sistema penitenciario estatal.
Entre los objetivos próximos se encuentra obtener una certificación para los centros de reclusión, procedimiento que implicaría acreditar estándares relacionados con seguridad, operación, administración y condiciones de internamiento.
El balance fue realizado precisamente al cumplirse cuatro años de los hechos conocidos como el “Jueves Negro”, episodio que obligó a replantear la seguridad penitenciaria y que dejó al descubierto las consecuencias que puede generar la pérdida de control dentro de una prisión.
Este martes se realizó una nueva revisión en el Cereso, como parte del esquema permanente de vigilancia implementado por las autoridades estatales.
La fecha adquiere un peso especial para Ciudad Juárez debido a que aquel episodio se convirtió en un punto de ruptura para la seguridad pública y evidenció que la violencia generada dentro de un centro penitenciario podía trasladarse rápidamente a las calles.
Desde entonces, las autoridades estatales han recurrido a traslados, inspecciones, redistribución de internos y reforzamiento de protocolos como mecanismos para evitar que nuevamente se generen condiciones de ingobernabilidad al interior de los penales.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sostiene que existe una reducción en el ingreso de objetos prohibidos y una mayor capacidad de supervisión, el propio titular de la dependencia admitió que el sistema continúa en proceso de consolidación.
A cuatro años del “Jueves Negro”, el reto para Chihuahua ya no se limita a impedir el ingreso de armas u objetos prohibidos a las cárceles, sino a garantizar que los centros penitenciarios permanezcan bajo control institucional y no vuelvan a convertirse en un punto de origen de violencia con consecuencias para toda la ciudad.
