Alma Arredondo advierte que retirar animales de la vía pública no resolverá el problema si detrás existen propietarios que los mantienen fuera de casa; la dependencia busca modificar el reglamento y definir primero quién debe responder antes de levantar perros de las calles
Ciudad Juárez.– La imagen del perro abandonado que deambula por una colonia podría no contar toda la historia. Para la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), una parte importante de los animales que permanecen en las calles de Ciudad Juárez sí tiene propietario, una condición que cambia por completo la manera en que debe enfrentarse el problema y abre una interrogante incómoda: ¿hasta dónde debe intervenir el Gobierno y dónde comienza la responsabilidad del dueño?
La directora de la dependencia, Alma Arredondo, explicó que uno de los principales retos que enfrenta actualmente Bienestar Animal es diferenciar entre aquellos perros que realmente viven en condición de abandono y los que permanecen en la vía pública pese a tener una familia o propietario identificado.
Si un animal tiene dueño, la respuesta institucional no puede limitarse simplemente a recogerlo de la calle y trasladarlo a instalaciones municipales, pues eso no modifica la conducta que originó el problema.
Bajo esa lógica, DABA pretende enfocar primero parte de sus esfuerzos en localizar a los propietarios, exigir que los animales sean resguardados adecuadamente y, cuando corresponda, aplicar sanciones.
La dependencia sostiene que recurrir exclusivamente al retiro masivo de perros reproduciría el modelo de las antiguas perreras municipales sin atacar las causas que mantienen a cientos de animales en las calles.
Arredondo señaló que existe una percepción ciudadana que automáticamente identifica a cualquier perro encontrado en la vía pública como un animal sin hogar.
Sin embargo, la experiencia de la propia dependencia ha mostrado una realidad más compleja.
Un caso reciente puso nuevamente el problema sobre la mesa: siete perros que permanecían en la calle fueron identificados inicialmente como animales callejeros después de un episodio de envenenamiento.
Posteriormente se estableció que los ejemplares sí tenían propietario.
El incidente evidenció la dificultad para determinar la situación legal y de resguardo de los animales únicamente por encontrarlos fuera de una vivienda.
Para DABA, ese escenario obliga a cambiar la perspectiva con la que se analiza el fenómeno.
Un perro puede caminar diariamente por una colonia, permanecer durante horas frente a domicilios, integrarse incluso a grupos de animales y, aun así, pertenecer a una persona que permite que permanezca en el exterior.
Ahí surge uno de los principales vacíos que la autoridad busca atender.
Si existe propietario, entonces también existe una responsabilidad sobre el resguardo, alimentación, atención veterinaria y conducta del animal.
La postura de la Dirección de Atención y Bienestar Animal plantea una ruptura con la vieja idea de que la solución al problema consiste únicamente en retirar perros de las calles.
Arredondo considera que realizar operativos indiscriminados para recoger animales puede generar una solución temporal, pero no necesariamente permanente.
Si después de retirar a un perro su propietario adquiere otro animal y nuevamente lo deja permanecer en el exterior, el problema se reproduce.
Desde esa perspectiva, el origen no siempre está en la existencia del animal, sino en la falta de responsabilidad humana.
Por ello, el nuevo esquema deberá establecer mecanismos que permitan determinar primero si existe un propietario y posteriormente exigirle el cumplimiento de sus obligaciones.
En aquellos casos donde se detecte negligencia, abandono o incumplimiento de las disposiciones de bienestar animal, podría proceder una sanción.
Sólo después de separar a los animales con propietario de aquellos que realmente carecen de hogar sería posible tener una radiografía más precisa de la población canina verdaderamente abandonada.
Esa diferencia puede resultar determinante para diseñar campañas de rescate, esterilización, adopción y atención médica.
Arredondo informó que DABA ya sostuvo una primera reunión con el presidente municipal para exponer el trabajo que desarrolla la dependencia y los cambios que se analizan en materia de bienestar animal.
Uno de los puntos principales es precisamente la modificación y fortalecimiento del reglamento.
La intención es construir disposiciones capaces de responder a la nueva realidad de la ciudad y establecer con mayor claridad las obligaciones de propietarios y autoridades.
Las distintas áreas involucradas continuarán revisando el proyecto para determinar qué medidas pueden incorporarse y cuáles requieren modificaciones antes de avanzar hacia su aprobación.
Modificar la manera en que se define la condición de calle de un animal puede tener consecuencias sobre operativos, sanciones, rescates y responsabilidad de los propietarios.
También plantea una cuestión de fondo: si un perro tiene dueño pero vive permanentemente en la calle, ¿realmente puede considerarse correctamente resguardado?
Esa será una de las discusiones que deberá enfrentar el nuevo marco regulatorio.
Mientras continúa la revisión del reglamento, la dependencia mantiene operativos de atención para situaciones consideradas prioritarias.
Actualmente se interviene principalmente en reportes relacionados con jaurías, animales víctimas de maltrato, ejemplares enfermos y hembras acompañadas de cachorros.
Estos casos reciben atención inmediata debido al riesgo que representan tanto para los propios animales como para la población.
La estrategia marca así una diferencia entre una emergencia animal y la simple presencia de un perro en la vía pública.
No todos los ejemplares encontrados afuera de una vivienda serán automáticamente retirados.
Antes deberá establecerse cuál es su condición y, cuando sea posible, determinar si existe una persona responsable.
El cambio de enfoque propuesto por DABA coloca finalmente la responsabilidad ciudadana en el centro de la política de bienestar animal.
Durante años, la presencia de perros en las calles ha sido interpretada principalmente como un problema que debe resolver el Gobierno mediante capturas, albergues o campañas de adopción.
Una parte del problema podría encontrarse precisamente en hogares donde existen propietarios que alimentan al animal, pero permiten que permanezca sin supervisión en banquetas, parques o vialidades.
Esa práctica genera riesgos de atropellamiento, ataques, reproducción sin control, enfermedades y conflictos vecinales.
También dificulta el trabajo de las autoridades, porque un animal aparentemente abandonado puede encontrarse legalmente bajo la responsabilidad de alguien.
La pregunta que tendrá que responder el reglamento será hasta dónde puede tolerarse esa conducta y qué consecuencias deberán enfrentar quienes mantengan animales permanentemente fuera de sus propiedades.
DABA apuesta por dejar atrás el modelo de recoger perros indiscriminadamente y avanzar hacia una política que diferencie entre abandono real y falta de responsabilidad del propietario.
El reto será demostrar que ese cambio de perspectiva no se traduzca en menos intervención, sino en una vigilancia más precisa.
Porque mientras la autoridad determina cuáles perros tienen dueño y cuáles realmente están abandonados, cientos de animales continúan ocupando las calles.
Y ahí permanece la pregunta central: si tienen propietario, ¿por qué siguen viviendo afuera?
