Ciudad Juárez.- El regidor de Morena, Antonio Domínguez Alderete, escaló la disputa política al terreno electoral y presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral contra el alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Quesada; el subsecretario de Educación estatal, Roberto Anaya Moreno; y el director general del Colegio de Bachilleres, Reyes Humberto de las Casas, por el presunto uso de estudiantes menores de edad en un evento realizado el pasado 28 de abril en Ciudad Juárez.
La acusación golpea directamente a la estructura política panista y educativa del estado, al señalar posibles actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, entrega de artículos promocionales y vulneración al interés superior de la niñez, elementos que podrían configurar una conducta sancionable en materia electoral.
Domínguez Alderete acudió a la oficina regional del IEE en esta frontera para formalizar la queja, en la que pidió abrir una investigación sobre el traslado de alumnos del Cobach a un acto que, según el señalamiento, habría sido presentado como actividad deportiva, pero que terminó envuelto en una presunta operación de posicionamiento político.
El regidor morenista sostuvo que estudiantes del Colegio de Bachilleres habrían sido movilizados sin autorización de madres y padres de familia, lo que colocaría el caso no solo en el terreno de la competencia electoral, sino también en el debate sobre el uso institucional de menores de edad para fines de imagen pública.
De acuerdo con la denuncia, la presencia de jóvenes en el evento pudo haber sido utilizada para proyectar respaldo social, generar exposición mediática y fortalecer la figura de servidores públicos, particularmente la del alcalde capitalino Marco Bonilla, en un contexto de alta carga política rumbo al siguiente proceso electoral.
El expediente entregado al Instituto Estatal Electoral incluye fotografías, publicaciones en redes sociales y enlaces digitales como elementos de prueba. También se agregaron comentarios de madres y padres de familia publicados en plataformas oficiales del plantel, donde se habría expresado inconformidad por la participación de sus hijos en un acto distinto al que se les habría informado.
La denuncia abre un frente delicado para los funcionarios señalados, ya que el uso de recursos humanos, materiales o institucionales con fines de promoción personalizada puede ser considerado una infracción a los principios de imparcialidad, equidad en la contienda y neutralidad gubernamental.
En contexto, la legislación electoral prohíbe que servidores públicos utilicen su cargo, recursos públicos o estructuras institucionales para obtener ventajas políticas, especialmente cuando se involucra a estudiantes, planteles educativos o población menor de edad, por tratarse de sectores bajo protección reforzada del Estado.
Domínguez Alderete acusó que este tipo de prácticas representan una operación política disfrazada de actividad escolar, por lo que pidió al IEE revisar si hubo consentimiento informado de los padres, quién autorizó el traslado de los alumnos, qué recursos se utilizaron y qué funcionarios participaron en la logística del evento.
El señalamiento también alcanza al aparato educativo estatal, debido a que en la denuncia se incluye al subsecretario de Educación, Roberto Anaya Moreno, y al director general del Colegio de Bachilleres, Reyes Humberto de las Casas, quienes deberán responder, en caso de que la autoridad electoral así lo determine, por la posible participación de la estructura escolar en un acto con fines políticos.
La queja coloca al Instituto Estatal Electoral ante la obligación de revisar si el evento del 28 de abril fue una actividad institucional legítima o si se trató de una maniobra de promoción política que utilizó a estudiantes como escenografía pública.
El regidor de Morena pidió que se deslinden responsabilidades y que la autoridad electoral actúe con firmeza, al considerar que no se puede normalizar el uso de escuelas, alumnos y recursos públicos como plataforma de posicionamiento personal para funcionarios con aspiraciones políticas.
Con esta denuncia, el caso pasa de la polémica pública al ámbito jurídico-electoral, donde el IEE deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionador y, en su caso, establecer responsabilidades por la presunta violación a la normatividad electoral y a los derechos de los menores involucrados.
