Organizaciones civiles de Ciudad Juárez llevaron a la mesa oficial una exigencia directa: que el Reglamento de Tránsito municipal sea revisado, corregido y armonizado con la Ley de Movilidad del Estado, al advertir que actualmente persisten disposiciones que comprometen la seguridad vial, vulneran derechos de personas con discapacidad y mantienen criterios que, aseguran, exponen a peatones y ciclistas a mayores riesgos en la vía pública.
Durante sesión de la Comisión de Movilidad y Seguridad, representantes ciudadanos —entre ellos integrantes de Peatones Heroicos— entregaron un oficio dirigido a autoridades municipales para solicitar una reforma de fondo al marco reglamentario local. En el documento expresaron su inconformidad con diversos artículos del reglamento vigente, al considerar que presentan contradicciones normativas con la legislación estatal y omisiones en materia de accesibilidad universal, movilidad segura y protección de usuarios vulnerables de la vía.
Abelamar Chacón, representante de la sociedad civil, advirtió que uno de los puntos más delicados se encuentra en los límites de velocidad permitidos en algunas vialidades urbanas de la ciudad, donde todavía se contemplan tramos de hasta 60 kilómetros por hora. Señaló que ese parámetro rebasa el umbral establecido en la legislación estatal y, desde una perspectiva de ingeniería vial y prevención de siniestros, incrementa la exposición de peatones y ciclistas a hechos de tránsito con consecuencias graves.
El planteamiento ciudadano se sostuvo sobre un argumento central: la necesidad de que el reglamento municipal deje de operar con criterios desfasados frente al nuevo marco estatal de movilidad. Los promoventes señalaron que no se trata de una discusión menor ni de una diferencia administrativa, sino de una adecuación jurídica y técnica que impacta de forma directa en la integridad de quienes se desplazan por la ciudad, especialmente en condiciones de vulnerabilidad.
Laura Antillón, integrante de Peatones Heroicos, respaldó el contenido del oficio y subrayó la importancia de una revisión exhaustiva del reglamento local, al considerar que algunas disposiciones abren la puerta a interpretaciones restrictivas o ambiguas que terminan afectando derechos y debilitando las condiciones mínimas de accesibilidad y seguridad vial. La activista sostuvo que la armonización normativa debe contemplar una visión de calle completa, inclusión y prioridad peatonal.
En respuesta al planteamiento, la regidora Mireya Porras, coordinadora de la Comisión de Movilidad y Seguridad, informó que la solicitud será sometida a análisis conjunto con otras instancias edilicias, entre ellas la Comisión de Gobernación y el área jurídica de Seguridad Vial, con el fin de revisar la viabilidad legal y técnica de las modificaciones planteadas por los colectivos.
En la sesión también participaron las regidoras Karla Escalante y Luz Clara Cristo Sosa, así como el regidor Eduardo Valenzuela, en un encuentro que dejó sobre la mesa una presión creciente para que el Municipio actualice su reglamento y lo alinee con los estándares estatales en materia de movilidad, seguridad vial y protección de derechos.
La exigencia ciudadana emerge en un contexto donde la discusión sobre atropellamientos, accesibilidad y ordenamiento vial ha ganado fuerza en Juárez, bajo la premisa de que una norma local desarticulada de la legislación estatal puede traducirse en rezagos operativos, vacíos de interpretación y riesgos cotidianos para quienes caminan, usan silla de ruedas, se trasladan en bicicleta o cruzan una ciudad marcada por el alto flujo vehicular.
