Ciudad Juárez.– En medio del choque político abierto entre el Ayuntamiento y el Partido Acción Nacional (PAN) por adeudos millonarios de impuesto predial, inspectores del Departamento de Cobranza del Municipio acudieron también a las instalaciones del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una diligencia que sorprendió al dirigente estatal priista, Alejandro Domínguez, al considerar que la disputa central no es con su partido.
En la cabeza de la información, la dirigencia priista dejó en claro que la confrontación política del gobierno municipal es con el PAN y no con el PRI, al advertir que, si en ese contexto otros actores políticos son arrastrados al conflicto, deberán asumir las consecuencias. El mensaje fue que el tricolor no evade responsabilidades, pero tampoco aceptará ser parte de una pelea ajena.
La notificación al PRI se dio después de la diligencia realizada al PAN, como parte del procedimiento de revisión de adeudos por concepto de predial. Durante la visita, personal municipal informó sobre un adeudo superior a los 5 millones 319 mil pesos, correspondiente a inmuebles ubicados en las calles Abraham Balderas y Lerdo, lo que colocó al tricolor en la lista de contribuyentes con pendientes fiscales relevantes.
Desde el PRI se cuestionó el criterio selectivo del Municipio, al señalar que el monto que se reclama al partido representa una fracción mínima frente al rezago histórico del impuesto predial en la ciudad, el cual incluye adeudos mucho mayores de empresas privadas, instituciones bancarias y grandes infraestructuras, cuyos casos —según el señalamiento— no han sido visibilizados con el mismo énfasis.
En el contexto jurídico, la dirigencia estatal priista aclaró que uno de los predios notificados no está formalmente a nombre del partido, sino registrado bajo Fomento Urbano de Chihuahua, y que actualmente se encuentra en un proceso de regularización para definir su situación legal y patrimonial.
Finalmente, el PRI informó que analizará las vías legales correspondientes para responder a la notificación del Ayuntamiento, revisar la procedencia del cobro y dar seguimiento puntual al estatus jurídico del inmueble, dejando en claro que cumplirá con sus obligaciones, pero sin aceptar que se le coloque en el centro de una confrontación política que —afirmaron— no le corresponde.
