Ciudad Juárez, Chih., 11 de julio 2025— Fraude procesal, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lo que resulte, son algunos de los graves delitos en los que podrían estar incurriendo los exregidores Alfredo Ramírez Rentería y María Eugenia García Hernández, luego de que se confirmara que continúan cobrando jugosas jubilaciones por 500 mil y 300 mil pesos anuales, respectivamente, pese a haberlas obtenido de manera presuntamente irregular.
La indignación entre los miembros de la Asociación de Jubilados del Municipio de Juárez se desbordó cuando se supo que ambos exfuncionarios municipales, valiéndose de su posición como regidores, lograron que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) restituyera sus pagos de pensión por jubilación. Esta decisión fue promovida a través de una ponencia presentada por el magistrado Mtro. Alejandro Tavares Calderón, pese a existir antecedentes de irregularidades documentadas en sus expedientes.
De acuerdo con los denunciantes, Ramírez y García habrían utilizado tráfico de influencias y fraude procesal para obtener pensiones vitalicias millonarias, amparados en un supuesto reconocimiento de antigüedad laboral basado únicamente en los tres años que ocuparon sus cargos como regidores. Sin embargo, el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez establece en su Artículo 5 que ni el presidente municipal, ni los regidores ni el síndico pueden aportar al fondo de pensiones, por ser cargos de elección popular y no trabajadores de base.
El drama se agudizó cuando ambos exregidores comenzaron a aparecer en las reuniones de la Asociación de Jubilados y Pensionados, presumiendo su “triunfo” como si se tratara de una hazaña digna de aplaudir, ignorando el enojo y la indignación de quienes sí cumplieron con años de servicio legítimos.
Cabe recordar que sus pensiones habían sido suspendidas hace aproximadamente cinco años durante la administración de Armando Cabada Alvídrez, cuando se detectaron las anomalías y se consignaron los casos al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua. Sin embargo, de manera misteriosa y controvertida, el TEJA ordenó recientemente su restitución, abriendo nuevamente la puerta a un posible quebranto millonario a las finanzas municipales.
El presidente de la Asociación de Jubilados, consultado por este medio, reconoció la gravedad de los hechos: “Sería gravísimo si lo que ustedes comentan es verdad, primero por lo delicado que es haber adquirido un pago vitalicio de manera fraudulenta y sin merecerlo. Sin embargo, como Asociación no tenemos facultades para investigar, otorgar, suspender o cancelar pensiones; eso le compete al gobierno.”
Actualmente, se espera que el H. Ayuntamiento evalúe presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, a fin de que se investigue la posible comisión de fraude procesal, delito permanente o continuo, tráfico de influencias y lo que resulte, para proceder a la cancelación definitiva de estas pensiones y la recuperación del dinero erogado durante los últimos años.
El daño al erario podría ascender a varios millones de pesos, recursos que podrían haberse destinado a obras y programas en beneficio de la ciudadanía. Además, se analiza denunciar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por el acuerdo que permitió la reposición de las pensiones, bajo el argumento de “cosa juzgada fraudulenta” y posibles delitos continuados.
El Artículo 5 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez es contundente:
“Sólo podrán aportar al fondo de referencia los trabajadores al servicio del Municipio, que se encuentren en servicio activo. (…) No pueden aportar al fondo el presidente municipal, los regidores y el síndico municipal.”
Mientras tanto, este medio seguirá indagando y dando seguimiento a un caso que ha indignado a la sociedad juarense, al evidenciar el abuso y la falta de escrúpulos de quienes, alguna vez, juraron servir a la comunidad.
