La política migratoria implementada por el gobierno de Estados Unidos no solo frena el envío de remesas a México, también está generando un clima de tensión social y económico en las ciudades fronterizas, advirtió el doctor Héctor Padilla Delgado, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Padilla Delgado señaló que las recientes medidas migratorias restrictivas del gobierno estadounidense —que incluyen detenciones, deportaciones aceleradas y limitaciones al asilo— están teniendo impactos directos en los hogares mexicanos que dependen de familiares en el extranjero.
“Las familias que tienen personas detenidas o deportadas dejan de recibir esos apoyos económicos que muchas veces son fundamentales para la subsistencia del hogar. Es un golpe silencioso pero devastador”, puntualizó el académico.
El endurecimiento de la frontera ha reducido de manera indirecta el flujo de remesas, una de las principales fuentes de ingresos para millones de hogares mexicanos. Aunque los datos oficiales aún no reflejan una caída significativa a nivel nacional, en las zonas fronterizas ya se percibe el efecto.
Además del aspecto económico, Padilla Delgado alertó sobre el deterioro del ambiente social en la franja fronteriza, especialmente en ciudades como Ciudad Juárez, donde el cruce diario de personas es parte esencial del tejido económico y cultural.
“Estamos viendo un aumento del estrés en la población. Las nuevas medidas hacen que cruzar la frontera sea cada vez más difícil y eso introduce un rigor cotidiano que desgasta emocionalmente a quienes viven en esta región”, explicó.
De acuerdo con el investigador, la frontera entre México y Estados Unidos ha venido endureciéndose progresivamente desde hace años, pero las políticas actuales aceleran ese proceso, afectando incluso a quienes cruzan legalmente por motivos laborales, escolares o familiares.
La administración estadounidense ha intensificado recientemente sus medidas de control migratorio, incluyendo la aplicación del Título 8, que permite deportaciones inmediatas, así como restricciones más severas para solicitar asilo en la frontera.
Estas disposiciones buscan reducir el flujo migratorio irregular, pero han sido criticadas por organismos de derechos humanos y académicos que señalan efectos colaterales sobre las comunidades fronterizas.
