Ciudad Juárez, Chih., 27 de marzo de 2025 — A dos años del incendio ocurrido en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, donde 40 personas migrantes murieron calcinadas y otras 27 resultaron con quemaduras graves, las voces de justicia siguen resonando sin respuesta.
El sacerdote jesuita Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante en esta ciudad fronteriza, denunció que la justicia no ha llegado para las familias de las víctimas y que los verdaderos responsables continúan impunes.
La noche del 27 de marzo de 2023, un incendio provocado al interior de una celda donde permanecían encerrados decenas de migrantes —en su mayoría originarios de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador y Colombia— se convirtió en una tragedia sin precedentes. El fuego se desató luego de que algunos migrantes, en protesta por su detención y posible deportación, prendieran fuego a colchonetas.
Aunque los agentes del INM y personal de seguridad privada se percataron del siniestro, las puertas no fueron abiertas.
Las cámaras de seguridad mostraron cómo los funcionarios abandonaron el lugar mientras los migrantes, atrapados, pedían auxilio.
De acuerdo con información oficial, 40 migrantes murieron y al menos 27 más resultaron heridos.
El caso generó indignación nacional e internacional, llevando a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y al señalamiento directo de altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
No obstante, hasta el momento, el director del INM, Francisco Garduño Yáñez, continúa en funciones. A pesar de haber sido vinculado a proceso por ejercicio indebido del servicio público, no ha sido separado del cargo ni ha ofrecido disculpas públicas ni perdón a los familiares de las víctimas.
“La justicia no ha llegado, y mientras algunos inocentes siguen tras las rejas, los políticos responsables siguen gozando de total impunidad”, declaró el padre Javier Calvillo en entrevista.
“¿Qué clase de justicia es ésta, donde los pobres pagan con su libertad y los altos funcionarios se refugian en el poder?”
Hasta ahora, sólo un puñado de funcionarios de bajo rango y guardias de seguridad privada enfrentan procesos judiciales.
Las familias de las víctimas, en su mayoría en situación de pobreza extrema, han denunciado irregularidades en las investigaciones, falta de información y obstáculos para acceder a la justicia.
Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han señalado que el Estado mexicano ha fallado en garantizar la no repetición de estos hechos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que documentó negligencia institucional, fallas de supervisión y omisiones graves en los protocolos de seguridad, aunque dicha recomendación no ha derivado en consecuencias políticas significativas.
El silencio del titular del INM, Francisco Garduño, ha sido reiterativo. A lo largo de estos dos años, no ha ofrecido disculpa pública ni mensaje alguno dirigido a las familias de las víctimas.
Para muchas organizaciones y voces críticas, esto representa una ofensa adicional a la memoria de los migrantes fallecidos.
