Héctor Ortiz Orpinel acusó al dirigente de promover la ocupación de predios no aptos para vivienda, mientras familias quedan expuestas a inundaciones y enfrentan dificultades para regularizar su patrimonio.
Ciudad Juárez, Chihuahua.– El alcalde Héctor Ortiz Orpinel señaló directamente al líder de colonos José Luis Barrios por promover la ocupación de terrenos irregulares, incluso en zonas de alto riesgo, situación que ha contribuido a que familias juarenses establezcan sus viviendas en espacios donde difícilmente podrán obtener certeza jurídica sobre su patrimonio.
El presidente municipal advirtió que la intervención de gestores y dirigentes que promueven asentamientos en terrenos no autorizados representa un problema de ordenamiento territorial, particularmente cuando se trata de predios ubicados en arroyos, áreas de escurrimiento pluvial y sectores considerados no aptos para el desarrollo habitacional.
Ortiz Orpinel identificó a José Luis Barrios como uno de los dirigentes que buscan conseguir terrenos en la Sierra de Juárez, pese a que existen superficies que, por sus características y condiciones de riesgo, no resultan viables para establecer asentamientos humanos.
De acuerdo con el alcalde, este tipo de prácticas termina colocando a las familias en una situación complicada, debido a que primero son alentadas a ocupar terrenos y posteriormente enfrentan obstáculos legales, técnicos y administrativos para conseguir su regularización.
El problema adquiere mayores dimensiones cuando las viviendas son construidas sobre cauces naturales, arroyos o superficies expuestas a inundaciones, donde la permanencia de los habitantes representa un riesgo para su integridad física y su patrimonio.
Ortiz Orpinel explicó que, una vez establecidos los asentamientos, resulta particularmente difícil retirar a sus ocupantes, debido a que muchas familias permanecen durante años en esos espacios, construyen sus viviendas y desarrollan ahí su vida cotidiana.
Esta situación genera un conflicto entre la necesidad de vivienda, la seguridad de los habitantes y las restricciones legales que impiden regularizar terrenos ubicados en áreas consideradas peligrosas.
El señalamiento contra Barrios se suma a las diferencias que el alcalde ha sostenido anteriormente con el dirigente, a quien ha cuestionado por su intervención en la organización de grupos de solicitantes de terrenos y por promover gestiones colectivas ante las autoridades municipales.
En declaraciones anteriores, Ortiz Orpinel sostuvo que detrás de algunas de estas movilizaciones existen intereses particulares y cuestionó que los ciudadanos dependan de intermediarios para acceder a los programas municipales de asignación de predios.
El alcalde insistió en que las familias interesadas en obtener un terreno no necesitan recurrir a dirigentes ni gestores, pues pueden presentar sus solicitudes directamente ante la Dirección General de Asentamientos Humanos.
Aseguró que durante la actual administración municipal se han entregado cinco mil 500 terrenos a ciudadanos de escasos recursos económicos, mediante los mecanismos institucionales destinados a atender la demanda de suelo habitacional.
Asimismo, advirtió que la participación de intermediarios no garantiza la entrega de un terreno ni mucho menos su regularización, particularmente cuando se trata de superficies que presentan restricciones ambientales, urbanísticas o de protección civil.
La problemática de los asentamientos irregulares también representa un desafío para la planeación urbana de Ciudad Juárez, debido a que la ocupación de terrenos sin autorización puede dificultar la introducción de servicios públicos, la construcción de infraestructura y la ejecución de obras para prevenir inundaciones.
El presidente municipal reiteró su llamado a los ciudadanos para que eviten depender de terceros y acudan personalmente a las oficinas de Asentamientos Humanos, donde podrán conocer los requisitos y procedimientos para solicitar un predio.
Con estos señalamientos, Ortiz Orpinel colocó nuevamente bajo cuestionamiento la actuación de José Luis Barrios en la gestión de terrenos, al vincular sus actividades con la ocupación de espacios que, según la autoridad municipal, no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la certeza patrimonial de las familias.
