Ciudad Juárez.– Ante la necesidad de establecer límites a los incrementos en el alquiler de viviendas y evitar que los ajustes anuales superen la inflación, el regidor de Morena, Antonio Domínguez Alderete, promoverá un exhorto al Congreso del Estado de Chihuahua para impulsar reformas legales que protejan la economía de las familias juarenses que habitan inmuebles arrendados.
La propuesta pretende establecer un mecanismo de regulación que impida aumentos desproporcionados en los contratos de arrendamiento habitacional, mediante un límite vinculado al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), utilizado para medir la inflación en México.
Domínguez Alderete explicó que la intención es que los propietarios de viviendas destinadas al alquiler no puedan aplicar incrementos anuales superiores a la inflación, con lo cual se buscaría proporcionar mayor certeza económica a los inquilinos y evitar modificaciones excesivas en el costo de la vivienda.
El planteamiento será promovido desde el Ayuntamiento de Juárez mediante un exhorto dirigido al Poder Legislativo estatal, instancia facultada para modificar el Código Civil y establecer disposiciones aplicables a los contratos de arrendamiento.
La propuesta cobra relevancia porque el Congreso de Chihuahua ya tiene antecedentes legislativos en esta materia. En septiembre de 2026 se dio a conocer que diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública analizaban una iniciativa para adicionar los artículos 2351 Bis y 2351 Ter al Código Civil estatal.
Dicho proyecto contempla que los incrementos anuales en las rentas de inmuebles destinados a habitación sean acordados entre propietarios e inquilinos, pero sin exceder el índice de inflación correspondiente.
También considera mecanismos de estímulo para arrendadores que mantengan sin aumentos los precios de alquiler durante periodos de al menos tres años, además de un registro digital de contratos para fortalecer la transparencia en las relaciones de arrendamiento.
De prosperar una reforma de esta naturaleza, los propietarios conservarían la facultad de negociar los contratos y establecer las rentas iniciales, pero los ajustes posteriores quedarían sujetos a límites legales.
Por ejemplo, si una familia paga actualmente 10 mil pesos mensuales por una vivienda y la inflación anual de referencia fuera del 4 por ciento, el incremento máximo sería de 400 pesos, por lo que la mensualidad pasaría a 10 mil 400 pesos. Este cálculo es ilustrativo y no representa una disposición actualmente vigente en Chihuahua.
El planteamiento también cuenta con un precedente jurídico nacional, luego de que el 25 de febrero de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara constitucional la disposición que limita los incrementos anuales de las rentas de vivienda en la Ciudad de México al porcentaje de inflación del año anterior.
El máximo tribunal determinó que este mecanismo constituye una medida legítima para proteger el derecho a una vivienda adecuada, sin eliminar la libertad contractual ni el derecho de propiedad.
Adicionalmente, durante octubre de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de legislación sobre rentas justas que contempla mecanismos de supervisión, asesoría jurídica y sanciones por incumplimiento, lo que ha colocado nuevamente la regulación de los arrendamientos dentro de la discusión legislativa nacional.
En el caso de Ciudad Juárez, la propuesta de Domínguez Alderete busca trasladar esta discusión al ámbito estatal, particularmente por las implicaciones que tienen los pagos mensuales de vivienda sobre el presupuesto de las familias que no cuentan con una propiedad.
Sin embargo, el exhorto municipal no modificaría automáticamente las condiciones de los contratos, ya que cualquier límite obligatorio requeriría la correspondiente reforma al marco jurídico de Chihuahua y su entrada en vigor.
La iniciativa coloca nuevamente en la agenda pública la necesidad de establecer reglas claras para los aumentos de alquiler, con un equilibrio entre los derechos de los propietarios y la protección económica de quienes dependen del mercado de vivienda en renta.
