Ciudad Juárez.– En medio de las repercusiones políticas provocadas por la detención del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, el alcalde Héctor Ortiz Orpinel rechazó utilizar el proceso judicial como instrumento de confrontación partidista y advirtió que convertir una investigación penal en un espectáculo político podría vulnerar el Estado de derecho.
El presidente municipal marcó distancia de quienes pudieran aprovechar la situación jurídica del exfuncionario para obtener beneficios políticos, al sostener que su administración no participará en campañas de desprestigio ni en manifestaciones de escarnio público.
Sin embargo, Ortiz Orpinel lanzó un señalamiento hacia los actores políticos que actualmente mantienen silencio sobre la detención, al considerar que algunos de ellos asumirían una postura muy distinta si el involucrado perteneciera a una corriente política contraria.
El pronunciamiento ocurre en medio de la controversia por las investigaciones contra Jáuregui Moreno, relacionadas con presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, particularmente por la participación de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad realizadas en territorio chihuahuense.
Ante este escenario, el alcalde insistió en que las diferencias partidistas deben mantenerse al margen de los procedimientos judiciales, debido a que la responsabilidad de determinar la existencia de delitos corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.
Asimismo, sostuvo que la detención de un exfuncionario de alto nivel no debe convertirse en motivo de celebración política ni utilizarse para emitir condenas anticipadas, cuando todavía existen procedimientos legales que deben desahogarse.
Ortiz Orpinel reiteró que el Gobierno Municipal permanecerá atento al desarrollo del caso, pero evitará involucrarse en una confrontación política que pudiera desvirtuar las investigaciones.
Finalmente, estableció que cualquier responsabilidad penal deberá resolverse mediante las instancias judiciales correspondientes, bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a la presunción de inocencia.
