El Gobierno Municipal analizará la legalidad de los fraccionamientos cerrados por iniciativa de los vecinos, mientras regidores preparan reformas a una reglamentación que permanece sin actualizarse desde 2007.
Ciudad Juárez.– Los fraccionamientos de Ciudad Juárez que fueron cerrados con rejas, bardas o mecanismos de acceso restringido sin contar con autorización municipal podrían quedar sujetos a medidas de regularización e incluso al eventual retiro de las barreras, ante la revisión normativa que contempla el Gobierno Municipal para determinar la legalidad de estas restricciones.
El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, informó que esperará la propuesta de los integrantes del Ayuntamiento para analizar modificaciones a los reglamentos de comités vecinales, particularmente en lo relacionado con la instalación de controles de acceso en zonas habitacionales.
La revisión podría alcanzar a aquellos sectores residenciales donde los propios habitantes decidieron restringir la circulación de personas y vehículos como una medida de protección frente a la inseguridad, sin que necesariamente existiera una autorización oficial para modificar las condiciones de acceso.
Ortiz Orpinel reconoció que durante años la expansión urbana y las necesidades de seguridad de la población propiciaron que numerosos vecinos adoptaran medidas de protección en sus fraccionamientos, mientras las disposiciones municipales permanecieron sin modificaciones suficientes para atender estas nuevas circunstancias.
Sin embargo, advirtió que las condiciones actuales de Ciudad Juárez obligan a revisar los instrumentos jurídicos que regulan la organización vecinal y el funcionamiento de los desarrollos habitacionales, debido a que existen situaciones que no fueron contempladas cuando se elaboraron las disposiciones originales.
El alcalde explicó que no todos los fraccionamientos cerrados se encuentran bajo las mismas condiciones jurídicas, pues algunos cuentan con autorizaciones para operar mediante accesos controlados, mientras que otros instalaron estructuras restrictivas por determinación de los residentes.
Esta diferencia será fundamental para establecer los criterios que permitan determinar cuáles cierres pueden mantenerse, cuáles requieren regularización y qué medidas administrativas podrían aplicarse cuando no exista autorización.
El planteamiento también abre la discusión sobre los límites entre las medidas de seguridad promovidas por los residentes y las disposiciones municipales relacionadas con la movilidad, los accesos urbanos y el uso de espacios de circulación.
No obstante, el Gobierno Municipal todavía no ha determinado el retiro de estructuras ni anunciado operativos contra fraccionamientos cerrados, ya que cualquier decisión dependerá del análisis reglamentario y de las propuestas que presenten los regidores.
Las modificaciones serán discutidas en mesas de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, donde se revisará el marco normativo vigente desde 2007, con el propósito de establecer disposiciones acordes con el crecimiento urbano y las actuales necesidades de organización vecinal.
De esta manera, la administración municipal abre la posibilidad de establecer nuevas reglas para los fraccionamientos con acceso restringido, particularmente aquellos donde la instalación de rejas y barreras se realizó sin una autorización expresa del Ayuntamiento.
