Ciudad Juárez.- La negativa de ingreso a un joven con autismo, sobreviviente de cáncer, encendió una denuncia por presunta exclusión educativa contra la Preparatoria Hermanos Escobar, luego de que la líder de la comunidad apache chiricahua en Ciudad Juárez, Alicia Flores, advirtiera que recurrirán ante las autoridades competentes para impugnar la decisión y defender el derecho constitucional del estudiante a recibir educación.
Flores calificó la situación como grave, al señalar que el joven y su madre habrían recibido distintas respuestas durante el proceso para buscar su incorporación al plantel, desde la supuesta falta de condiciones para atender a una persona neurodivergente hasta la recomendación de buscar una institución especializada y, finalmente, la negativa de aceptarlo.
El caso adquiere mayor sensibilidad debido a que el joven no solamente enfrenta una condición dentro del espectro autista, sino que además sobrevivió al cáncer después de someterse a cirugías y tratamientos de quimioterapia, por lo que su familia busca garantizarle continuidad académica y las herramientas necesarias para desarrollar una vida independiente en el futuro.
De acuerdo con Alicia Flores, la madre del estudiante es una mujer sola que enfrenta además las dificultades económicas, médicas y de traslado que implica encontrar instituciones especializadas, debido a que la oferta educativa dirigida específicamente a personas neurodivergentes es reducida y, en el sector privado, puede resultar económicamente inaccesible.
La representante de la comunidad apache chiricahua sostuvo que no puede condicionarse el acceso a la educación únicamente por una condición de neurodivergencia y anunció que el caso será llevado ante las instancias correspondientes para solicitar una revisión de la negativa y determinar si existe una vulneración a los derechos educativos y de inclusión del joven.
Flores informó que acompañará personalmente a la familia en el proceso de inconformidad, debido a que muchas madres y padres desconocen que determinadas decisiones tomadas por instituciones educativas pueden ser cuestionadas o denunciadas ante las autoridades cuando consideran afectados los derechos de sus hijos.
Advirtió que esta falta de información tiene mayor impacto dentro de algunas comunidades indígenas, donde las familias pueden desconocer los mecanismos institucionales de defensa, además de enfrentar barreras sociales, económicas y culturales que dificultan presentar una queja.
A esto se suma, señaló, el temor de algunos padres a posibles represalias o a que una denuncia termine cerrando todavía más las oportunidades educativas para sus hijos, circunstancia que provoca que numerosos casos permanezcan sin hacerse públicos.
La dirigente sostuvo que el objetivo no es generar privilegios, sino exigir que niños y jóvenes neurodivergentes puedan acceder a posibilidades reales de formación académica bajo condiciones de inclusión y respeto.
El caso de Hermanos Escobar, señaló Flores, refleja una problemática que puede extenderse a otras familias que buscan espacios escolares para hijos con autismo u otras condiciones de neurodivergencia y que encuentran planteles sin infraestructura, personal capacitado o mecanismos suficientes de inclusión.
La dirigente consideró insuficiente que la única respuesta sea canalizar a los estudiantes hacia escuelas especiales, particularmente cuando existen pocos espacios disponibles, largas distancias entre los planteles y los hogares, además de costos que muchas familias simplemente no pueden cubrir.
La preocupación aumenta conforme estos jóvenes se acercan a la vida adulta, ya que la educación representa una herramienta indispensable para adquirir conocimientos, habilidades laborales y autonomía económica.
Para las familias, interrumpir la preparación académica puede significar limitar las posibilidades futuras de integración laboral y autosuficiencia de sus hijos, especialmente cuando existen también antecedentes médicos que requieren cuidados adicionales.
Alicia Flores hizo un llamado a madres y padres de familia, particularmente dentro de la comunidad apache chiricahua, para informarse sobre los mecanismos disponibles cuando consideren que a sus hijos se les está negando injustificadamente el acceso a la educación.
Explicó que muchas familias desconocen que pueden recurrir ante autoridades educativas y organismos encargados de proteger derechos para solicitar la revisión de decisiones que consideren discriminatorias o contrarias a los principios de inclusión.
En el caso del joven autista sobreviviente de cáncer, la comunidad indígena anunció que buscará llevar el procedimiento hasta las instancias correspondientes para que la negativa de ingreso sea revisada y se determine la responsabilidad que, en su caso, pudiera existir.
La exigencia, señaló Flores, es que la condición neurológica o médica de un estudiante no se convierta automáticamente en una puerta cerrada a su preparación académica.
El caso ahora podría pasar de una negativa administrativa dentro de un plantel educativo a una controversia ante autoridades, donde se deberá establecer si la Preparatoria Hermanos Escobar cuenta con razones legalmente justificadas para rechazar el ingreso o si la decisión vulneró los derechos educativos y de inclusión del joven.
