Municipio aún no define quién investigará, quién enfrentará al agente señalado y quién integrará los expedientes antes de enviarlos a Honor y Justicia; la nueva Dirección de Desarrollo Policial continúa atorada entre Asuntos Internos, Contraloría y el procedimiento sancionador
Ciudad Juárez.– A más de un año de que entró en escena el nuevo esquema federal que obliga a separar las funciones de investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios policiales, en Ciudad Juárez las autoridades todavía no logran aterrizar cómo funcionará la Dirección de Desarrollo Policial y Régimen Disciplinario, una estructura que sigue pendiente mientras el Municipio intenta desenredar atribuciones que actualmente se cruzan entre Asuntos Internos, Contraloría y la Comisión de Honor y Justicia.
El problema ya no está solamente en crear una nueva oficina dentro del organigrama municipal. El verdadero conflicto se encuentra en definir qué hará cada autoridad, hasta dónde llegará su intervención y, sobre todo, quién tendrá contacto directo con el policía sometido a un procedimiento antes de que su expediente llegue a la instancia responsable de imponer una sanción, comentó la regidora de la Comisión de Seguridad Pública Mireya Porras Armendáris
La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 arquitectura con la que deben funcionar los procedimientos disciplinarios dentro de las corporaciones de seguridad pública del país.
El modelo establece que las instituciones policiales deben contar con una Unidad de Asuntos Internos encargada de iniciar y desarrollar las investigaciones sobre posibles conductas sancionables. Una vez concluida esa etapa, el expediente debe pasar a una autoridad distinta encargada de reducir el procedimiento, mientras que un órgano colegiado de Honor y Justicia conserva la facultad de resolver e imponer las sanciones correspondientes.
Es decir, la legislación busca evitar que una misma autoridad investigue, procese y finalmente sancione al elemento policial.
La reforma está clara; en Juárez, el procedimiento todavía no
Aunque el objetivo federal establece una delimitación de responsabilidades, en Juárez todavía existen dudas sobre la ruta administrativa que deberá seguir una denuncia contra un policía.
Actualmente, una queja ciudadana puede iniciar en Asuntos Internos, donde se integra el expediente derivado de la investigación. Bajo el nuevo modelo, ese documento tendría que pasar posteriormente por la nueva Dirección de Desarrollo Policial y Régimen Disciplinario antes de llegar a la Comisión de Honor y Justicia.
Sin embargo, es precisamente en ese punto donde la estructura municipal sigue sin encontrar acomodo.
Entre las dudas que permanecen está determinar si la nueva Dirección únicamente recibirá y revisará documentalmente los expedientes elaborados por Asuntos Internos o si tendrá contacto directo con los agentes señalados, realizará actuaciones procesales y garantizará personalmente su derecho de audiencia y defensa.
La diferencia no es menor.
Hasta ahora, dentro del procedimiento municipal existía contacto con el elemento policial sujeto a investigación, lo que permitía escuchar su defensa antes de resolver una posible sanción. Con el modelo que se analiza, existe preocupación de que Honor y Justicia termine recibiendo únicamente expedientes documentales, sin mantener la misma interacción directa con el agente investigado.
Por ello, las autoridades municipales deberán reunirse con Contraloría y revisar nuevamente las atribuciones de cada instancia antes de consolidar la reforma.
Una Dirección anunciada desde junio que todavía busca qué lugar ocupar
La creación de la Dirección de Desarrollo Policial y Régimen Disciplinario fue presentada formalmente ante la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento desde el 23 de junio de 2026.
En aquel momento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal planteó que la nueva instancia permitiría ordenar y dar seguimiento permanente a la trayectoria profesional de los agentes, además de adecuar la estructura policial de Ciudad Juárez a los estándares nacionales.
La propuesta contemplaba que la nueva Dirección formara parte de la estructura orgánica y administrativa del Municipio y de la propia SSPM.
Sin embargo, semanas después de aquella presentación, su funcionamiento continúa sin definirse por completo.
El punto crítico está en evitar que la reforma termine creando solamente otra Dirección con presupuesto, personal y estructura burocrática, pero sin una delimitación efectiva de responsabilidades frente a las áreas que ya existen.
Esa es precisamente una de las preocupaciones dentro del análisis municipal: que la nueva dependencia no se convierta en una escala administrativa adicional por donde simplemente circulen expedientes sin modificar de fondo la vigilancia y disciplina de la corporación.
Asuntos Internos investiga; Honor y Justicia sanciona
La legislación federal ofrece, por lo menos en términos jurídicos, una ruta mucho más definida.
El artículo 140 de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que las instituciones de seguridad deben contar con una Unidad de Asuntos Internos, responsable de supervisar el cumplimiento normativo e investigar posibles conductas sancionables.
El artículo 141 establece que debe existir un órgano colegiado de Honor y Justicia encargado de imponer las sanciones.
Pero es el artículo 143 el que marca una diferencia fundamental: la autoridad encargada de sustanciar el procedimiento administrativo debe ser distinta tanto de aquella que investigó como de aquella que finalmente resolverá el caso.
Ese principio explica buena parte del laberinto administrativo que ahora intenta resolver Ciudad Juárez.
El Municipio ya cuenta con Asuntos Internos y con una Comisión de Honor y Justicia; lo que intenta construir es la instancia intermedia capaz de sustanciar los procedimientos sin duplicar las atribuciones existentes.
Incluso la reglamentación municipal anterior ya establecía que una denuncia contra un agente comenzaba ante la Dirección de Asuntos Internos, que integraba la investigación y posteriormente enviaba el expediente a la Comisión de Honor y Justicia para su resolución.
La legislación federal modificó esa lógica al exigir una separación más marcada entre las diferentes etapas del procedimiento.
El reloj federal comenzó a correr desde 2025
El nuevo marco nacional no nació este verano.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue publicada desde julio de 2025, mientras que en septiembre del mismo año el Consejo Nacional de Seguridad Pública volvió a colocar entre sus prioridades el fortalecimiento de las unidades de Asuntos Internos y de los órganos de Honor y Justicia, así como la definición de los regímenes disciplinarios de las instituciones policiales estatales y municipales.
Además, desde febrero de 2025 el Gobierno Federal había establecido como una de las prioridades nacionales el fortalecimiento de la carrera policial dentro del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para el periodo 2025-2030.
Por ello, en Ciudad Juárez la discusión dejó de ser únicamente si debe existir o no una nueva Dirección.
La pregunta ahora es por qué, después de más de un año de la transformación del marco federal y después de haber presentado formalmente la nueva estructura desde junio, el Municipio todavía no termina de definir exactamente quién investigará, quién resumirá, quién enfrentará procesalmente al agente señalado y quién únicamente recibirá el expediente para resolver.
Porque mientras en el papel la Federación separó las responsabilidades, en Juárez todavía están tratando de encontrar dónde comienza una autoridad y dónde termina la otra.
Y hasta que ese rompecabezas administrativo sea resuelto, la Dirección de Desarrollo Policial y Régimen Disciplinario seguirá siendo una estructura anunciada, pero todavía sin una ruta suficientemente clara para cumplir la función para la cual pretende ser creada.
