Ciudad Juárez.– La negativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para permitir que la Policía Municipal acceda al monitoreo de las cámaras de la Torre Centinela abrió un nuevo frente de confrontación en materia de seguridad, luego de que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar cuestionó abiertamente qué se pretende ocultar al mantener fuera de ese sistema de videovigilancia a la corporación preventiva de Juárez.
En una postura frontal, el presidente municipal exigió nuevamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) otorgar acceso pleno a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal al sistema de cámaras estatales, al considerar que la falta de conexión entre ambas plataformas debilita la coordinación operativa y entorpece la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos en la ciudad. Incluso, advirtió que pondría en duda su participación dentro del esquema de la Torre Centinela si no se garantiza esa apertura total al monitoreo.
Pérez Cuéllar sostuvo que no se trata de un asunto menor ni de una diferencia administrativa, sino de un punto crítico en la estrategia de seguridad pública. Reprochó que, mientras en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) sí existe acceso total para otras instancias como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la propia corporación estatal, la Policía Municipal permanece excluida del sistema de vigilancia de la Torre Centinela.
La inconformidad del alcalde subió de tono al señalar que este bloqueo institucional alimenta dudas y especulaciones sobre la opacidad con la que se está manejando una infraestructura que fue presentada como pieza central del blindaje tecnológico en Chihuahua. Desde su óptica, impedir que la corporación municipal observe en tiempo real ese sistema abre la puerta a sospechas sobre la verdadera disposición de colaboración del Estado con el Gobierno local.
El mandatario local ha reiterado en distintas ocasiones que no existe una coordinación plena entre los sistemas de vigilancia municipal y estatal, pese a que la seguridad pública demanda interoperabilidad, intercambio de inteligencia y acceso compartido a herramientas tecnológicas de monitoreo. Bajo ese escenario, insistió en que la exclusión de la Policía Municipal del esquema de Centinela no sólo representa una omisión operativa, sino una señal política de desconfianza institucional.
El reclamo se enmarca en una tensión persistente entre ambos órdenes de gobierno respecto al manejo de la seguridad en Ciudad Juárez, donde la videovigilancia, la trazabilidad de eventos y la reacción táctica dependen cada vez más de sistemas interconectados. En ese contexto, la exigencia del alcalde no sólo apunta a una demanda técnica, sino a un cuestionamiento directo sobre la transparencia y la voluntad de coordinación de la autoridad estatal.
La postura de Pérez Cuéllar coloca sobre la mesa una interrogante de fondo: si la seguridad es una responsabilidad compartida, no permitir a la Policía Municipal el acceso a una red estatal de cámaras instalada en el mismo territorio que debe proteger resulta, para el gobierno local, una decisión difícil de justificar y políticamente sospechosa.
