Ciudad Juárez, Chih.– Organizaciones vinculadas a la defensa de vehículos de procedencia extranjera vuelven a colocarse en el centro de la controversia en Ciudad Juárez, luego de que integrantes de ONAPAFA anunciaran un nuevo proceso de enlistado y cobro para supuestamente regularizar autos “chuecos” que quedaron fuera de trámites anteriores, bajo el argumento de contar con un amparo judicial favorable.
La advertencia surge tras las declaraciones de Humberto Meza, integrante de ONAPAFA, quien aseguró que buscarán incorporar a propietarios de unidades que “quedaron en el limbo”, es decir, aquellos vehículos cuyos procedimientos no concluyeron o permanecieron inconclusos. Según expuso, la organización comenzará a recopilar expedientes de automóviles que ya iniciaron algún trámite, con la intención de integrarlos en listas que posteriormente serían presentadas ante juzgados.
De acuerdo con el representante, el recurso legal obtenido les permitiría avanzar en la presunta legalización de estos vehículos y, posteriormente, en la expedición de placas. Bajo ese argumento, sostuvo que el amparo abre una posibilidad para continuar con la regularización de unidades americanas, incluso en casos donde no exista un pago concluido dentro de procesos previos.
Sin embargo, el anuncio encendió alertas entre ciudadanos, al plantearse nuevamente un esquema en el que se promete resolver la situación jurídica de vehículos irregulares mediante gestiones colectivas y aportaciones económicas. Meza dejó claro que el eventual acceso a este mecanismo no sería general, sino únicamente para personas agremiadas a ONAPAFA, quienes tendrían que acudir a las oficinas de la organización para enlistarse.
Además, confirmó que para integrarse al padrón se solicitará un “costo de recuperación” de 2 mil 500 pesos, cantidad que, dijo, sería necesaria para avanzar en el proceso. La declaración refuerza la preocupación de que nuevamente se esté generando expectativa entre propietarios de autos de procedencia extranjera mediante ofrecimientos cuya viabilidad legal no ha sido precisada públicamente por autoridad oficial alguna.
En su posicionamiento, el integrante de ONAPAFA también hizo referencia a supuestas amenazas de decomiso contra este tipo de unidades, advirtiendo que su agrupación no permitirá acciones en contra de los vehículos que sean integrados en este esquema. Bajo esa narrativa, insistió en que la organización actuará como intermediaria para reunir expedientes, remitirlos a instancias judiciales y gestionar paulatinamente los casos.
El señalamiento cobra relevancia debido a que en años recientes miles de fronterizos han buscado alternativas para regularizar autos de procedencia extranjera, muchas veces en medio de incertidumbre, cambios en lineamientos federales y la aparición de agrupaciones que ofrecen soluciones paralelas o extraordinarias. En ese contexto, cualquier convocatoria que implique pagos, afiliaciones o promesas de legalización vuelve a despertar dudas entre los juarenses que han sido afectados anteriormente por trámites fallidos, cobros indebidos o falsas expectativas.
La propuesta anunciada por ONAPAFA plantea que solo los afiliados que cubran el perfil definido por la organización podrán ser incluidos en las listas que se turnarían a juzgados, con el objetivo de que desde esas instancias se emita la documentación correspondiente para avanzar en la regularización. No obstante, hasta el momento, lo expuesto corresponde a declaraciones de la agrupación y no a un anuncio formal emitido por autoridades responsables del proceso de regularización vehicular.
Por ello, el nuevo ofrecimiento ya es visto con escepticismo por diversos sectores, ante el riesgo de que ciudadanos vuelvan a entregar dinero confiando en una supuesta salida legal que podría no concretarse. El tema revive una preocupación constante en la frontera: la vulnerabilidad de cientos de familias que, ante la necesidad de movilidad y la falta de certeza jurídica, quedan expuestas a promesas que podrían terminar en otro fraude.
