Ciudad Juárez, Chih.– La regidora de Movimiento Ciudadano, Gloria Mirazo de la Rosa, consideró inexacta la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la reducción del número de regidores y diputados como una vía para fortalecer la austeridad en el país, al señalar que esa visión deja fuera otras áreas del servicio público donde, afirmó, también podrían realizarse ajustes de fondo para generar ahorros reales.
La edil sostuvo que la propuesta vinculada a una eventual reforma electoral resulta incompleta, ya que no atiende, desde su perspectiva, otros espacios de gobierno donde el ejercicio del gasto público ocurre con amplios márgenes de discrecionalidad y, en muchos casos, con poca claridad en el manejo de los recursos. Bajo ese contexto, consideró que centrar la discusión únicamente en los cuerpos colegiados de representación popular no resuelve de manera integral el problema del gasto gubernamental.
Mirazo de la Rosa expuso que cualquier política de austeridad tendría que abarcar una revisión más amplia de las estructuras administrativas y presupuestales en los distintos órdenes de gobierno. En ese sentido, manifestó que no basta con plantear recortes a figuras como regidores o diputados, sino que también debería abrirse una evaluación sobre el uso de recursos en otras instancias con mayor capacidad de gasto.
La representante de Movimiento Ciudadano señaló que sería pertinente analizar el nivel de gasto que ejercen los gobernadores de las entidades federativas, así como funcionarios del ámbito federal, estatal y municipal, al considerar que en numerosos casos existen erogaciones que resultan excesivas y que, pese a ello, no son sometidas al mismo nivel de escrutinio público.
De acuerdo con su posicionamiento, la discusión sobre austeridad no puede limitarse a una medida que, aunque mediáticamente visible, podría resultar insuficiente frente al tamaño del aparato gubernamental y frente a las áreas donde, aseguró, persisten prácticas opacas en el manejo del presupuesto. A su juicio, una verdadera política de contención del gasto tendría que incluir controles más estrictos, transparencia efectiva y una revisión profunda de las partidas que históricamente han sido cuestionadas.
La regidora juarense advirtió que reducir el número de integrantes en cabildos y congresos no necesariamente garantizaría un ahorro significativo si no se acompaña de un rediseño más amplio del ejercicio presupuestal. En ese sentido, planteó que la propuesta presidencial deja sin tocar rubros donde el gasto puede ser mayor y donde, además, existe menor visibilidad pública sobre el destino final de los recursos.
Mirazo sostuvo que la narrativa de la austeridad no debe convertirse en una herramienta selectiva que concentre la atención en ciertas figuras públicas, mientras otras estructuras de poder continúan operando con amplios márgenes de gasto. Por ello, insistió en que el debate nacional tendría que ampliarse para incluir a todos los niveles de gobierno y no únicamente a quienes integran espacios de representación política.
Según su valoración, la medida impulsada desde la Presidencia de la República parecería optar por una ruta políticamente sencilla, al colocar en la discusión a regidores y diputados, pero sin profundizar en otras áreas del aparato gubernamental que, dijo, generan mayores costos y mantienen esquemas de administración poco transparentes.
La integrante del Ayuntamiento subrayó que el país requiere una revisión seria del destino de los recursos públicos, sobre todo en tiempos en los que se exige mayor eficiencia gubernamental y un uso más responsable del presupuesto. Sin embargo, remarcó que cualquier reforma en nombre de la austeridad debe tener como base la equidad en la revisión del gasto y no centrarse únicamente en medidas parciales.
Finalmente, Gloria Mirazo concluyó que la propuesta presidencial, tal como ha sido planteada, no atiende de manera suficiente el fondo del problema y deja sin observar áreas donde, afirmó, el gasto y la opacidad resultan todavía más preocupantes. Por ello, reiteró que la discusión sobre eventuales recortes debe ir más allá de los órganos de representación popular y extenderse a todos los espacios donde se toman decisiones y se administran recursos públicos.
