A partir de ahora, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar deberá pronunciar con precisión el nombre de Daniela Álvarez cada vez que se refiera a ella públicamente, o de lo contrario enfrentará una denuncia por violencia política de género, según la advertencia lanzada por la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, en un nuevo episodio de confrontación directa entre ambas figuras.
La disputa política entre el Partido Acción Nacional y el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez escaló a un nuevo nivel luego de que la líder estatal del PAN, Daniela Álvarez, advirtiera que procederá legalmente contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar si continúa refiriéndose a ella sin mencionar su nombre completo, conducta que considera una forma de invisibilización política y, por tanto, violencia política de género.
El señalamiento trasladó el debate del terreno político al jurídico, al incorporar una figura contemplada en la legislación electoral y de derechos políticos de las mujeres, lo que elevó la presión sobre el discurso público del presidente municipal y su estrategia de confrontación con la oposición.
Ante esta advertencia, Cruz Pérez Cuéllar respondió que desconoce si dicha conducta puede ser tipificada como un delito de esta naturaleza, aunque indicó que revisará el marco legal aplicable, abriendo la puerta a un análisis jurídico sobre los límites del discurso político y sus implicaciones legales.
La confrontación no se detuvo ahí. Daniela Álvarez lanzó una segunda advertencia, al exigir que el alcalde respalde con denuncias formales los señalamientos que ha realizado sobre presunto peculado y nepotismo al interior del PAN. De no hacerlo, anticipó que promoverá acciones legales por daño moral, al considerar que las acusaciones sin sustento judicial constituyen una estrategia de desgaste mediático.
Desde el ámbito municipal, la respuesta fue interpretada como una advertencia política inversa: si existen irregularidades, deberán probarse en instancias legales y no permanecer en el terreno del señalamiento público, lo que refuerza la posibilidad de una judicialización del conflicto.
