Acusan uso indebido de recursos públicos y conflicto de funciones en materia de seguridad; piden intervención directa de la gobernadora
Ciudad Juárez 04 diciembre 2025 .– En una acción de alto impacto político, el regidor del Ayuntamiento de Juárez, Antonio Domínguez Alderete, formalizó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por presunto peculado, abandono de la función pública y otras irregularidades administrativas contra el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Ulises Pacheco, quien además ocupa un cargo directivo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El edil, acompañado por el abogado Alonso Ruiz y el universitario Christian Domínguez, argumentó que el señalado habría incurrido en un uso ventajoso de recursos institucionales para impulsar posicionamientos partidistas, situación que —según su postura— configura un conflicto de interés y un desvío de atribuciones dentro del ámbito de la seguridad pública estatal.
En el marco jurídico-administrativo, el peculado y el abandono de funciones se consideran faltas graves cuando involucran a servidores públicos adscritos a instituciones estratégicas como la SSPE, un órgano cuya operación demanda criterios técnicos, control de mando y neutralidad política.
De acuerdo con el regidor, la acumulación de responsabilidades partidistas y de seguridad representa un riesgo operativo, pues podría comprometer la imparcialidad en la toma de decisiones y generar un sesgo en el desempeño institucional.
Domínguez Alderete solicitó públicamente la intervención de la gobernadora María Eugenia Campos para separar a Pacheco de su cargo estatal, señalando como antecedente la salida del entonces titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez, removido tras cuestionamientos sobre su papel administrativo y su relación con actividades políticas.
Expertos en gestión pública advierten que, en contextos electorales o preelectorales, la coexistencia de funciones partidistas y operativas dentro de instancias de seguridad puede detonar controversias institucionales y minar la confianza ciudadana. Por ello, las normas en materia de servicio público sugieren evitar la simultaneidad de roles que impliquen control político y mando técnico.
La denuncia presentada abre un nuevo capítulo en la confrontación entre actores locales, en un momento donde los partidos intensifican actividades de posicionamiento con miras al próximo ciclo electoral. Si la FGE determina la procedencia de la investigación, el proceso podría tener repercusiones administrativas y disciplinarias en la estructura de la SSPE.
Mientras tanto, la oposición interna y sectores del Ayuntamiento observan el caso como un precedente relevante para delimitar responsabilidades y establecer criterios de actuación en el servicio público, particularmente en áreas tan sensibles como la seguridad estatal.
