Ciudad Juárez, Chih., noviembre de 2025.– Con un llamado directo al Congreso del Estado, la coordinadora de los regidores María Dolores Adame, presentó un punto de acuerdo con carácter de exhorto para que se analice la eliminación del cobro anual de la Revalidación Vehicular en Chihuahua, impuesto que —según argumentó— representa un golpe constante al bolsillo de las familias y carece ya de justificación social y económica.
Adame planteó que este gravamen, anteriormente conocido como Tenencia Vehicular, debería cobrarse una sola vez al momento de adquirir el vehículo, o únicamente cuando se realice un cambio de propietario, en lugar de aplicarse de manera anual. La propuesta, respaldada por varios integrantes del cuerpo edilicio, busca que el Congreso valore la pertinencia de cancelar este cobro recurrente que desde hace décadas genera inconformidad ciudadana.
El llamado “impuesto de la tenencia” nació en 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, como una medida temporal para financiar los Juegos Olímpicos de México. Su propósito inicial fue cubrir parte de los gastos de infraestructura, logística y promoción del evento, con la promesa de desaparecer una vez concluidas las competencias. Sin embargo, el impuesto permaneció y fue adoptado posteriormente por los gobiernos estatales, convirtiéndose en una de las cargas fiscales más impopulares entre los contribuyentes mexicanos.
Con los años, la federación cedió a los estados la facultad de mantener o eliminar el impuesto. En Chihuahua, el cobro se mantiene bajo el nombre de Revalidación Vehicular, aunque en esencia conserva la misma naturaleza de la antigua tenencia.
Durante la sesión previa del Cabildo, María Dolores Adame sostuvo que mantener este impuesto contradice el principio de justicia tributaria, ya que no responde a una contraprestación directa ni refleja un beneficio tangible para los automovilistas. Argumentó que la eliminación del cobro anual podría aliviar la presión económica de miles de familias que enfrentan otros incrementos en servicios y combustibles.
“Es tiempo de que el Congreso revise con sensibilidad este tema y dé una respuesta favorable”, sostuvo al presentar su propuesta, subrayando que el exhorto no sólo busca un alivio fiscal, sino también un acto de coherencia y justicia social.
La regidora insistió en que la medida tendría un impacto positivo en la economía familiar y en la percepción de los contribuyentes respecto a la equidad de las políticas públicas. Ahora, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado deberá analizar la viabilidad del exhorto, que —de aprobarse— marcaría un precedente importante en la reforma fiscal del Estado de Chihuahua.
Con este pronunciamiento, el Cabildo de Juárez abre nuevamente el debate sobre un impuesto que, más de medio siglo después de su creación, sigue siendo motivo de controversia entre los automovilistas mexicanos.
