Un juez federal ordena frenar el evento tras amparo de colectivos; el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reitera su postura personal en contra de la tauromaquia
Ciudad Juárez, Chih.– 16 de octubre de 2025. El Gobierno Municipal anunció que acatará la suspensión judicial de la tercera corrida de toros programada en la ciudad, tras una resolución emitida por un juez de Distrito en Chihuahua en respuesta a un amparo interpuesto por grupos opositores a la tauromaquia. La administración local notificará formalmente a los organizadores sobre la orden judicial, en cumplimiento con los procedimientos legales correspondientes.
La determinación judicial surge en el contexto de un debate constante sobre la realización de este tipo de espectáculos en la frontera. De acuerdo con la administración municipal, el permiso para la corrida había sido otorgado en apego a la normativa estatal vigente, que actualmente permite este tipo de eventos siempre que los solicitantes cumplan con los requisitos legales establecidos. El gobierno local enfatizó que no tiene facultades para negar autorizaciones cuando la legislación estatal no lo prohíbe, y que su actuación se limita a aplicar la ley.
El alcalde Cruz Pérez Cuéllar precisó que la autoridad municipal no interviene en la resolución de fondo del juicio, ya que esta corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Subrayó que la administración local se encuentra obligada a cumplir con las determinaciones emitidas por las instancias federales, independientemente de posturas personales o de grupos sociales.
En el plano personal, Pérez Cuéllar reiteró su desacuerdo con la celebración de corridas de toros, al considerarlas una forma de maltrato animal. No obstante, aclaró que su opinión individual no puede prevalecer sobre el marco legal vigente, por lo que su gobierno ha actuado conforme a la normatividad aplicable.
Asimismo, el alcalde destacó que se mantiene un diálogo permanente tanto con colectivos en defensa de los animales como con promotores de espectáculos, con el propósito de generar certeza jurídica, evitar confrontaciones y garantizar el respeto al Estado de Derecho.
La suspensión judicial representa un nuevo capítulo en la discusión sobre la práctica de la tauromaquia en la entidad, donde aún no existe una prohibición explícita a nivel estatal, pero sí una creciente movilización social que busca frenar estos eventos bajo argumentos de protección animal y derechos ciudadanos.
