Ciudad Juárez, Chih., 24 septiembre 2025— En una decisión de alto impacto social, el Cabildo de Juárez aprobó este miércoles una modificación menor al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, que permitirá al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) iniciar el proceso de escrituración gratuita de viviendas para 764 familias del sector de Loma Blanca, en San Isidro Río Grande. La regidora María Dolores Adame Alvarado destacó que este dictamen representa más que un trámite administrativo: significa certeza jurídica y tranquilidad para cientos de familias.
Durante la Sesión Ordinaria número 25, encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se sometió a votación el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, en el cual se reconoce la urgencia de dar respuesta a las familias asentadas en esa zona.
El regidor Daniel Alejandro Acosta Aviña explicó que la modificación corresponde a 14 parcelas integradas en un polígono, lo que permitirá su incorporación a la zona urbanizable y con ello la certeza jurídica en la tenencia de la tierra.
Con este ajuste técnico, las familias podrán acceder no solo a la regularización de sus predios, sino también a créditos gubernamentales, servicios básicos y obras de infraestructura de mayor calidad, condiciones que transforman su vida cotidiana.
La medida, además, cuenta con la validación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que avaló el cambio de uso de suelo hacia un régimen habitacional con capacidad de 60 viviendas por hectárea.
La regidora María Dolores Adame Alvarado destacó que este dictamen representa más que un trámite administrativo: significa certeza jurídica y tranquilidad para cientos de familias que por años vivieron en la incertidumbre. La posibilidad de convertirse en legítimos propietarios cambia la perspectiva de vida de los habitantes de Loma Blanca, quienes ahora podrán heredar seguridad patrimonial a sus hijos.
El acuerdo en torno a Loma Blanca refleja la capacidad del Cabildo de conjugar el tecnicismo urbanístico con una visión humana y social. La aprobación de este cambio no solo representa un acto de gobernanza en materia de desarrollo urbano, sino también una respuesta sensible al derecho de vivienda digna y seguridad patrimonial de cientos de familias juarenses.
