Ciudad Juárez, Chih. 14 de julio de 2025– La reciente decisión del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de restituir pensiones vitalicias a dos exregidores ha desatado una fuerte inconformidad entre los actuales integrantes del Cabildo y la administración municipal. La medida beneficia a José Alfredo Ramírez Rentería y María Eugenia García Hernández, quienes recibirán en conjunto cerca de un millón de pesos anuales, lo que ha sido calificado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar como una resolución “atípica” y “muy sospechosa”.
De acuerdo con el presidente municipal, el secretario del Ayuntamiento ya revisa minuciosamente el expediente para determinar si existen elementos que configuren delitos como fraude procesal, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. “Se me hace un monto muy elevado y una pensión muy injusta. Desde mi punto de vista, es una aprobación muy atípica”, declaró Pérez Cuéllar, dejando claro su descontento ante la resolución del TEJA.
La molestia también ha escalado entre regidores actuales, quienes consideran que este tipo de beneficios atentan contra la confianza ciudadana y afectan gravemente las finanzas municipales. “Resulta indignante que se destinen recursos públicos a privilegios personales, cuando hay tantas necesidades urgentes en la ciudad”, expresaron de manera conjunta varios ediles que pidieron no ser identificados por temor a represalias políticas.
Los exregidores involucrados forman parte de administraciones pasadas encabezadas por Héctor “Teto” Murguía. Alfredo Ramírez ocupó el cargo entre 2004 y 2007, mientras que María Eugenia García Hernández participó en la segunda gestión de Murguía, de 2010 a 2013. Además, García Hernández concluyó su trayectoria laboral en la Dirección de Vialidad, cargo que fue clave para completar el tiempo mínimo requerido y así justificar la controvertida jubilación.
Según la revisión preliminar, ambos exfuncionarios habrían contabilizado indebidamente sus periodos como regidores para cumplir con los requisitos necesarios y así obtener el beneficio vitalicio. Este hecho ha encendido las alarmas en el gobierno local, que ya se prepara para una posible acción legal en contra de los implicados.
El tema se suma a una creciente lista de cuestionamientos sobre el manejo de recursos y beneficios a exfuncionarios, especialmente en momentos en que la administración municipal enfrenta retos financieros y demandas ciudadanas urgentes en infraestructura y seguridad.
Finalmente, el alcalde subrayó que se agotarán todas las vías legales para revertir esta decisión si se comprueba alguna irregularidad. “El secretario del Ayuntamiento hará la revisión completa y, en función de eso, determinaremos el siguiente paso. De confirmarse anomalías, no dudaremos en proceder con las denuncias correspondientes”, puntualizó.
La indignación generalizada entre regidores y el repudio social que ha generado este caso anticipan un proceso complejo y de alto impacto político en Ciudad Juárez.
