En su argumentación final, la defensa de Maru Campos y María Ávila solicitó al juez la no vinculación a proceso pues con su argumentación aportaron los elementos de prueba que soportan la inocencia de las imputadas.
De la exposición de la Fiscalía así como de sus diversas actuaciones resulta evidente que, en el caso de Maru Campos Galván se trata de una persecución que busca impedir que alcance la mayor representación popular que es la gubernatura de Chihuahua.
Asimismo la defensa solicitó que se desestimara la evidencia que no fue presentada en su totalidad por el Ministerio Público, ya que con este ocultamiento se violaron múltiples principios constitucionales, procesales y derechos del imputado, por lo que solicitó no se vincule a proceso a la imputada.
En la larga lista de irregularidades denunciadas por la defensa, se encuentra la constante negativa del Ministerio Público para entregar completa la carpeta de investigación.
La negativa de la Fiscalía para dar acceso a evidencias que se encontraban en sobres cerrados, la entrega incompleta del expediente en diversas ocasiones.
El ocultamiento de pruebas aún después de maratónicas sesiones de cotejo del expediente.
La incorporación sin metodología adecuada de diversos elementos de prueba como cheques, pólizas, carta portes y supuestos recibos bancarios.
La contaminación de pruebas, la utilización de copias simples, la utilización de argumentos falsos con la intención de confundir y calumniar, así como la utilización de testimonios de personajes señalados como testigos protegidos tras confesar delitos, no ser señalados por ellos y sin criterios de oportunidad.
Por todo lo anterior, la defensa solicitó al Juez Samuel Uriel Mendoza la no vinculación a proceso de las imputadas.