- Diputada Villarauz Martínez (Morena) presentó reformas a la Ley Federal del Trabajo y al Código Penal Federal
- Busca equipararla al delito de falsificación de documentos privados e imponer sanción de seis meses a cinco años de prisión
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) presentó una iniciativa para prohibir a los patrones exigir u obligar a las y los trabajadores a firmar algún documento en blanco, condicionándolo para su contratación, o en cualquier momento de la relación laboral, así como cualquier otro medio que implique renuncia de derechos o imponga obligaciones al trabajador.
Con reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, queda prohibido a los patrones negarse a proporcionarles un ejemplar de las condiciones de trabajo que se hayan firmado.
La propuesta de reforma equipara la firma de dichos documentos a la falsificación de documentos privados y establece que se impondrá sanción de seis meses a cinco años de prisión y multa de ciento ochenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El documento, remitido a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Justicia, menciona que en caso de que la o el trabajador sea obligado a la firma de algún documento de este tipo podrá acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante las autoridades en la materia para denunciar el hecho.
En la exposición de motivos se resalta la necesidad de combatir esta práctica reprobable que cometen los patrones en perjuicio de las y los trabajadores, así como salvaguardar, proteger y brindar certeza jurídica.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México enfrenta varios desafíos aún en el ámbito laboral, pues menos de la mitad de las mujeres que se encuentran en edad para laborar tienen trabajo, lo que representa la segunda tasa más baja de todos los países de la Organización, y muy inferior a la tasa de hombres mexicanos activos en el mercado laboral, que es del 82 por ciento, señala.
Expone que este descuido generalizado a los derechos de las y los trabajadores ha tenido como consecuencia que los patrones o sus representantes lleven a cabo prácticas vejatorias donde se les exige y/o condiciona, para el acceso a un empleo, a la renuncia de derechos fundamentales.
Algunos ejemplos de estas exigencias y/o condicionamientos ilegales son la firma de renuncia anticipada (renuncia en blanco), firma de falsos reconocimientos respecto a que el trabajador no ha padecido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, desistimientos de ejercer cualquier acción legal en contra del patrón en el supuesto de que existiera alguna controversia derivada de su relación laboral, entre otros.
Precisa que quienes más acuden a este tipo de prácticas son las empresas, más aún las menos reguladas y que guardan menos responsabilidades frente a las y los trabajadores y aquellas que continúan operando bajo el esquema de subcontratación (outsourcing), mismas que al día de hoy continúan al amparo de la ley.
En la Ley Federal del Trabajo se proponen reformas a los artículos 24, 33, 133, 994 y 1006, y en el Código Penal Federal, adicionar el artículo 244 Bis, en materia de protección a las y los trabajadores por firmar hojas en blanco.
