• Tal cantidad aumentará debido a las reformas sobre prisión preventiva oficiosa aprobada por la mayoría en la Cámara de Diputados
• Otra reforma sobre libertad anticipada, menos para feminicidas y otros responsables de delitos graves, podría amortiguar ese problema, señala
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora reveló que en México hay casi ocho mil presos y presas sin sentencia penal alguna y advirtió que tal cantidad aumentará debido a las reformas sobre prisión preventiva oficiosa aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Lamentó que mientras muchos de esas presas y presos inocentes que están en las cárceles no son liberados, por otra parte la gran mayoría de asesinatos contra mujeres siguen impunes.
Destacó que la Cámara de Diputados y 13 congresos estatales han reformado leyes, en su respectivo ámbito de competencia, para agravar las penas de feminicidio en un intento por inhibir la comisión de este delito, pero en los hechos sólo 3 de cada 100 de estos asesinatos de mujeres son esclarecidos y llegan a una condena.
Por lo anterior, la legisladora federal por Veracruz avaló, a nombre del GPPRD, que se excluya del beneficio de libertad anticipada a los feminicidas, así como a los sentenciados por homicidio calificado, violación, secuestro, robo calificado o delincuencia organizada, entre otros delitos graves, así como para reincidentes.
En cambio, para las personas adultas mayores portadoras de alguna enfermedad crónico-degenerativa o terminal y sentenciadas por otros ilícitos consideró válido concederles el beneficio de libertad anticipada -claro, excepto en los casos mencionados- en apego al Derecho Humano a la readaptación social establecido en el artículo 18 de la Constitución, el cual tiene como medios para su consecución el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.
Rodríguez Zamora puntualizó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay casi 18 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 10 mil ya recibieron sentencia y 8 mil están privadas de su libertad sin sentencia alguna.
Insistió en que la otra reforma -la aprobada por el grupo mayoritario en esta Cámara en materia de prisión preventiva oficiosa- traerá consigo un mayor número de presos inocentes, un costo humano muy alto y un gravamen económico mayor tanto a las Estados como a la Federación.
Confió en que esta otra reforma -sobre libertad anticipada- contribuya a reducir los índices de sobrepoblación penitenciaria y disminuya los lamentables efectos que la prisión preventiva oficiosa tendrá sobre los derechos humanos en el sistema penitenciario de nuestro país.
